César Cedillo
El 25 de febrero de 2026 marcó un parteaguas en la historia judicial de San Luis Potosí. En el municipio de Tamuín, un juez dictó una sentencia que cimbró a la Huasteca y al estado entero: 175 años y 4 meses de prisión para Filiberto “N”, declarado responsable de los feminicidios de Itzel, Dulce Ximena y Eliehoenai, cometidos entre 2010 y 2014.
La cifra, imposible de cumplir en una vida humana, no es simbólica sino ejemplar; expresa la determinación de cerrar cualquier resquicio a la impunidad tras más de una década de espera marcada por el dolor y la incertidumbre de las familias.
Durante años, madres y padres recorrieron oficinas con carpetas bajo el brazo, enfrentando silencios institucionales, retrasos procesales y promesas incumplidas. La lectura de la sentencia provocó el llanto inmediato de los deudos, quienes por instantes encontraron un dejo de alivio después de más de diez años de angustia acumulada.
No hubo celebración; fue la descarga emocional de quienes, al fin, escucharon una resolución firme. La condena incluyó secuestro, abuso sexual y feminicidio, delitos que describen una violencia extrema y reiterada.
El fallo busca impedir cualquier posibilidad real de que el sentenciado recupere la libertad, enviando un mensaje contundente en un país donde demasiados casos de violencia contra mujeres concluyen con castigos menores o expedientes inconclusos.
La dimensión moral del caso resulta ineludible: el procesado actuó cobijado bajo el disfraz de catequista, figura asociada a guía espiritual y valores comunitarios, desde donde desplegó su instinto criminal. La ironía agrava la herida social, pues la confianza depositada en esa posición formativa fue utilizada como máscara para perpetrar el horror.
En la audiencia, los familiares hablaron de alivio, no porque la sentencia borre la ausencia irreparable, sino porque ofrece certeza jurídica. Las autoridades recordaron que existen recursos legales abiertos, como marca el debido proceso, mientras organizaciones civiles consideran que la resolución puede convertirse en referente para otros casos pendientes.
Más allá del número, el mensaje es claro: los feminicidios no pueden quedar en el olvido. La justicia tardó, pero esta vez llegó con la fuerza suficiente para aspirar a un precedente duradero.
