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Staff / El Mañana
Instalan módulos de la defensoría pública en municipios huastecos para brindar representación legal sin costo a habitantes de comunidades indígenas.
La falta de recursos económicos y las barreras del idioma han sido históricamente dos de los principales obstáculos para que las familias de las zonas rurales de la Huasteca Potosina accedan a una defensa legal justa. Para atender esta problemática, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha desplegado brigadas de atención en diversos municipios de la zona sur y centro del estado, ofreciendo representación jurídica gratuita a personas que enfrentan procesos administrativos, civiles y penales.
La estrategia busca descentralizar los servicios de justicia que tradicionalmente se concentran en las grandes cabeceras urbanas. Abogados especializados y defensores públicos se han instalado en plazas comunitarias y centros ejidales de localidades como Tancanhuitz, Aquismón, Tamazunchale y San Martín Chalchicuautla para recibir expedientes de ciudadanos que no cuentan con la capacidad financiera para contratar despachos particulares.
Dentro de la atención brindada en la región, un componente prioritario ha sido la incorporación de traductores e intérpretes de las lenguas teenek y náhuatl. Esta medida garantiza que las personas indígenas sujetas a procedimientos judiciales comprendan a plenitud la naturaleza de sus expedientes y puedan ejercer su derecho a una defensa técnica adecuada, resolviendo litigios de tierras, rectificación de actas de nacimiento y controversias de carácter mercantil o familiar.
Habitantes de las comunidades rurales han manifestado que la llegada de estas jornadas jurídicas representa un alivio para la economía del hogar. Anteriormente, las familias debían realizar viajes prolongados hacia Ciudad Valles o la capital del estado para darle seguimiento a sus trámites ante los juzgados, lo que implicaba gastos considerables en pasajes de autobús, alimentos y honorarios profesionales que muchas veces terminaban por dejar inconclusos los casos.
Organizaciones de la sociedad civil en la Huasteca señalaron que, si bien este tipo de módulos itinerantes representa un avance sustancial para aminorar el rezago en la impartición de justicia, es fundamental que la presencia de los defensores públicos se vuelva permanente en los tribunales regionales. Con ello se pretende asegurar que los sectores más vulnerables del campo potosino dejen de sufrir violaciones a sus garantías individuales por desconocimiento del sistema penal.
