Violan derechos indígenas: Acusan omisión del INPI 

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Staff / El Mañana

Consejera nacional indígena denuncia presuntas violaciones a los derechos de información y uso de lengua materna durante procesos consultivos en Tamazunchale.

Los procesos de consulta ciudadana destinados a las comunidades originarias en la región huasteca de San Luis Potosí han vuelto a colocarse en el centro del debate público, luego de que representantes del sector indígena señalaran presuntas irregularidades y omisiones institucionales de gran calado. De acuerdo con declaraciones emitidas en el municipio de Tamazunchale, S.L.P., la falta de garantías operativas y lingüísticas durante el desarrollo de la Consulta de la Propuesta de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos derivó en una vulneración directa a las prerrogativas fundamentales de los habitantes de la zona tének y náhuatl.

La consejera nacional de los pueblos indígenas, Hermelinda Vázquez Bautista, expuso que las inconformidades surgieron desde la etapa de planeación logística, debido a la escasez inicial de sedes regionales aprobadas para la discusión de un marco normativo tan relevante, lo que motivó gestiones extraordinarias para lograr la apertura de un espacio de participación en suelo tamazunchalense. Sin embargo, el problema principal se presentó durante la ejecución de los trabajos presenciales, donde los acuerdos relativos al uso de traductores simultáneos y materiales informativos en dialecto local presuntamente no se cumplieron a cabalidad, obligando a los asistentes a procesar conceptos técnicos y jurídicos complejos redactados enteramente en español.

Especialistas en derechos coletivos apuntan que la ausencia de una capacitación previa y accesible para las autoridades comunitarias transforma cualquier ejercicio democrático en una simple reunión informativa sin vinculación real ni entendimiento profundo. En este mismo sentido, se documentó que la falta de fluidez lingüística limitó la participación de los pobladores originarios, quienes no contaron con los elementos necesarios para evaluar el impacto de las modificaciones legales propuestas a nivel federal. Las observaciones hechas desde la Huasteca potosina subrayan la urgencia de rediseñar los protocolos institucionales para evitar que los procedimientos participativos se conviertan en trámites burocráticos descontextualizados de la realidad sociocultural de las comunidades.

Ante este panorama de inconformidad, los liderazgos inconformes confirmaron la interposición de quejas formales ante las instancias defensoras de los derechos humanos, buscando que se emitan recomendaciones orientadas a garantizar la reparación del daño participativo y el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos originarios. La exigencia central radica en que cualquier futura consulta se conduzca bajo estrictos estándares de buena fe, transparencia y pertinencia lingüística, impidiendo que dependencias gubernamentales desestimen la complejidad cultural de regiones tan diversas como la huasteca potosina durante la toma de decisiones que comprometen el futuro jurídico de las comunidades.

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