- Denuncia empresario regio a juzgadores por desaparecer un expediente y sustituirlo por otro que beneficia al potosino y lo perjudica a él
Staff/El Mañana
El empresario minero potosino José Cerrillo Chowell se ha beneficiado con fallos de dos juzgadores que ya fueron denunciados por corrupción por el transportista regiomontano Gerardo Tamez Tamez.
El empresario regio ya presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, contra el Juez Interino del Juzgado 32 Civil Roberto Landa Arenas y contra el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eugenio Ramírez Ramírez, a quienes acusado de actos de corrupción en beneficio del potosino.
Los expedientes se encuentran actualmente en trámite ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
De acuerdo con un comunicado del empresario originario de Monterrey, durante más de dos décadas, el empresario minero José Cerrillo Chowell ha acumulado acusaciones de corrupción, fraude y daño ambiental en México, documentadas por múltiples medios nacionales e internacionales.
“Investigaciones periodísticas han revelado una amplia red de señalamientos en su contra, que incluyen defraudación inmobiliaria, invasión de propiedades, violaciones a derechos laborales, operaciones financieras en paraísos fiscales y daños ambientales en distintos puntos del país”, señaló.
“Aunque en varios casos se han emitido resoluciones judiciales adversas, el empresario no ha enfrentado detenciones ni sanciones penales firmes gracias al amparo de sus contactos con políticos, jueces, empresarios y gobernantes, principalmente del PRI y el PAN”, expone la denuncia del empresario en la que desglosa las siguientes irregularidades que han sido documentadas y publicadas, según explicó.
DAÑO AMBIENTAL
En su natal San Luis Potosí, Cerrillo Chowell y sus socios intentaron apropiarse de tierras comunales para un desarrollo inmobiliario residencial, comercial y de servicios, según documentó el periódico VANGUARDIA en septiembre de 2015. A través de una figura jurídica inexistente, buscaban despojar de mil 200 hectáreas a 328 comuneros de la comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, pese a que la zona estaba protegida por un decreto estatal como reserva ecológica.
CORRUPCIÓN
La revista PROCESO también reveló que, en 2016, el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU), empresa de Cerrillo Chowell, falsificó firmas de ex regidores del municipio potosino de Santo Domingo para obtener un cambio de uso de suelo y así instalar un basurero industrial en el rancho Palula, propiedad del empresario, en una zona no apta entre San Luis Potosí y Zacatecas.
Los ex regidores denunciaron falsificación de documentos, usurpación de funciones y fraude; sin embargo, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado se negó a investigar el caso, pese a los riesgos para la salud y el medio ambiente que implicaba el confinamiento de residuos tóxicos.
FRAUDE INMOBILIARIO
En abril de 2024, el empresario minero José Cerrillo Chowell y sus socios sufrieron un revés jurídico al ser obligados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de San Luis Potosí a devolver el control de la compañía Parques Industriales Desarrollo Logistik S.A. de C.V., propiedad de empresarios regiomontanos, según reportaron EL FINANCIERO, julio de 2020; MILENIO y EL HERALDO DE MÉXICO, mayo de 2024.
Fernando Villarreal Cantú y su esposa Blanca Ballesteros Almaguer poseían el 63 por ciento de las acciones de la empresa, valuada en aproximadamente 3 mil millones de pesos, y mantenían un litigio con los accionistas minoritarios desde octubre de 2017.
Entre los minoritarios se encontraban José Cerrillo Chowell, Juan Carlos López Rodríguez, Marcelo de los Santos Anaya y José Luis Salas Cacho, quienes convocaron a una asamblea para diluir la participación de los tenedores mayoritarios y asumir el control del consorcio.
PARAÍSOS FISCALES
La revista PROCESO, en su reportaje “Malta, donde los mexicanos poderosos guardan sus secretos” publicado el 5 de noviembre de 2017, documentó que Cerrillo Chowell utilizó estructuras legales en el extranjero para operar compañías al margen de los sistemas fiscales de México y otros países. Entre estas operaciones figura la empresa PE Investments Limited, registrada en Malta, que está vinculada a su minera Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas S.A. de C.V., dedicada a la explotación de oro y plata en San Luis Potosí.
LOS ANTECEDENTES
Según Gerardo Tamez, en una primera denuncia del 23 de mayo de 2025 ya acusó al Juez interino Roberto Landa Arenas y a su Secretario de Acuerdos Enrique Hernández Cruz de haber eliminado su expediente físico —que es al único que tienen acceso las partes involucradas en un juicio en la Ciudad de México—, para sustituirlo por una resolución del mismo juzgador en sentido contrario, lo que podría configurar delito de carácter penal.
Dicho acuerdo “desaparecido” decretaba la caducidad de un juicio ejecutivo mercantil (1051/2019) entre Tamez y Cerrillo, y, al no haber sido impugnado por los abogados de Cerrillo, el caso no podría reabrirse. Sin embargo, que el juez Landa haya desaparecido su acuerdo original del 26 de febrero y sustituido por otro acuerdo también suyo en sentido contrario, con la misma fecha y que fue publicado en el Boletín Judicial de la CDMX el 4 de marzo, les ha permitido reabrir un proceso ya declarado caduco, dañando a Tamez.
Como evidencia, en la denuncia obran los registros electrónicos de dicho acuerdo, eliminados del expediente físico, pero existentes en el sistema electrónico interno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México llamado Sistema Integral de Gestión Judicial del PJCDMX a los que sólo tiene acceso la autoridad, así como el listado del acuerdo original en el Boletín Judicial del PJCDMX.
Esta alteración abrió la posibilidad de enlistar bienes de Gerardo Tamez Tamez y de su empresa Transportes Peñón Blanco para embargo y congelar sus cuentas bancarias por un presunto adeudo de 49 millones 59 mil 641.98 pesos ($49,059,641.98) con José Cerrillo Chowell.
El monto económico reclamado proviene de un convenio de pago firmado el 19 de junio de 2019 entre Gerardo Tamez y su entonces socio José Cerrillo Chowell, presidente de la empresa Fomento del Altiplano, S.A. de C.V.
El equipo jurídico de Gerardo Tamez, sostienen que, además de la caducidad del proceso judicial, la deuda ya había sido liquidada mediante la celebración de un convenio de dación en pago y extinción de obligaciones, suscrito el 15 de julio de 2019, por lo que no existía deuda alguna pendiente.
