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- Documentos patrimoniales presuntamente sustraídos alertan la protección digital.
San Luis Potosí suma un nuevo episodio a la cadena de incidentes informáticos que durante agosto ha alcanzado a distintas instituciones. Esta vez, el señalamiento apunta al Ayuntamiento de la capital, luego de que este 20 de agosto se difundiera información sobre una presunta extracción de 2.9 gigabytes y más de 15 mil documentos.
La publicación fue realizada por un usuario relacionado con la difusión previa de archivos atribuidos al Poder Judicial. El material correspondería a declaraciones patrimoniales y fiscales de servidores públicos de 2022 y, como muestra del supuesto acceso, fueron exhibidos datos personales sin testar, entre ellos nombres, CURP, teléfonos y domicilios.
Hasta el momento, el Gobierno Municipal no ha emitido una postura oficial que confirme o descarte la autenticidad de los archivos, ni ha precisado si existió una intrusión directa a sus sistemas. De comprobarse la información difundida, el incidente trascendería una falla tecnológica para convertirse también en un problema de protección de datos personales.
El caso se suma a los episodios registrados este mes en la UASLP y el Poder Judicial. Los días 5 y 6 de agosto, la Universidad sufrió un ciberataque que afectó Caja Virtual, inscripciones y calendarios; posteriormente surgieron en internet archivos presuntamente vinculados al Poder Judicial, cuyo origen fue atribuido por su presidenta a una posible exposición o utilización de cuentas externas y no a un hackeo directo.
Aunque no existen elementos para asegurar que los tres acontecimientos estén relacionados, su cercanía temporal abre interrogantes sobre las barreras digitales de las instituciones potosinas. Contraseñas comprometidas, sistemas desactualizados, accesos externos o controles insuficientes pueden convertirse en puertas para información que debería permanecer protegida.
La advertencia es clara, mientras gobiernos e instituciones trasladan cada vez más trámites y expedientes al terreno digital, proteger esas bases de datos deja de ser únicamente una tarea informática y se convierte en una responsabilidad frente a quienes entregan su información personal.
