Staff/ El Mañana
La Ley de Ingresos 2026 del municipio de Tanlajás expone una incongruencia que va más allá de un descuido administrativo y apunta a una práctica recaudatoria cuestionable. El documento, impulsado y defendido por el alcalde morenista Humberto Lucero Magaña, establece cobros por consumo de agua como si existiera un sistema de medición formal y un organismo operador, aun cuando el propio ayuntamiento admite que no cuenta con ninguno de los dos.
Desde su redacción, la ley fija tarifas, rangos y tablas de consumo que suponen la existencia de medidores domiciliarios. No obstante, en el mismo decreto se reconoce que el municipio carece de infraestructura para medir el consumo real, lo que vuelve inaplicable el esquema que el gobierno local propuso y avaló.
La contradicción queda asentada en el Anexo VIII del Decreto 0424, donde se indica que el cobro por consumo “no aplica” debido a la inexistencia de medidores y de un organismo operador, y que en su lugar se utiliza una cuota fija autorizada por el cabildo. Esto deja en manos de la autoridad municipal la definición discrecional de los montos, sin un respaldo técnico ni medición objetiva del servicio.
Pese a ello, la ley obliga a giros industriales, comerciales y de servicios a instalar medidores y contempla tarifas diferenciadas, incluso con rangos sin precio claramente definido. Aun con estas inconsistencias, el ayuntamiento proyecta recaudar más de un millón de pesos por derechos de agua en 2026, sin explicar cómo garantizará cobros justos y transparentes en un municipio con altos índices de pobreza y sin un sistema que sustente el consumo real.
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