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- El conflicto inicia por los posibles efectos sobre uno de los espacios con mayor valor histórico, religioso y cultural de la capital.
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, volvió a señalar a terceros por el retraso del paso a desnivel de El Saucito, al responsabilizar a la Contraloría Municipal y al amparo promovido por ciudadanos de mantener detenida una obra que, según afirmó, tiene más de 600 millones de pesos sin poder ejercerse. Sin embargo, el origen de la controversia se remonta al propio proyecto, que desde su presentación despertó cuestionamientos por los posibles efectos sobre uno de los espacios con mayor valor histórico, religioso y cultural de la capital.
Al asegurar que “sí se puso en riesgo la obra, no la pusimos en riesgo nosotros”, el edil centra la discusión en los obstáculos legales, pero deja de lado que esos recursos jurídicos surgieron como respuesta a la falta de consenso y a las preocupaciones de vecinos y especialistas sobre el impacto que la construcción tendría en la iglesia de El Saucito, su entorno patrimonial y las tradicionales festividades del barrio.
La polémica también reabre el debate sobre las prioridades del Ayuntamiento. Mientras el gobierno insiste en destrabar un proyecto que permanece bajo litigio, miles de potosinos enfrentan diariamente calles deterioradas, socavones, baches, drenajes colapsados e infraestructura urbana que continúa sin resolverse. En ese contexto, la permanencia de cientos de millones de pesos destinados a una obra cuestionada alimenta las críticas sobre si esos recursos podrían destinarse a atender problemas de mayor impacto para la población.
El propio Galindo dejó entrever el peso político del proyecto al reconocer “Hay un grado de mala fe porque imagínate llegar a mi informe sin obras”. La declaración fortaleció la percepción de que la urgencia por concretar el paso a desnivel responde también a la necesidad de presentar una obra emblemática rumbo a su informe de gobierno.
Así, más allá del amparo o de los procedimientos administrativos, el conflicto continúa teniendo el mismo punto de partida, un proyecto que, desde su origen, no logró convencer a una parte importante de la ciudadanía y que sigue acumulando cuestionamientos técnicos, patrimoniales y sociales.
