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Staff / El Mañana
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtió que la mayoría de los ayuntamientos incumplen el salario mínimo de 14,000 pesos para policías.
Garantizar la tranquilidad ciudadana exige recursos y voluntad política, dos elementos que parecen escasear en el ámbito municipal de San Luis Potosí. Mientras el Ejecutivo estatal inyecta recursos millonarios para blindar el territorio, los gobiernos locales demuestran apatía al negarse a dignificar las percepciones económicas de quienes arriesgan la vida en las calles todos los días.
Durante un balance sobre el estado de la seguridad, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destapó una realidad preocupante. El funcionario expuso con firmeza que son muy pocos los municipios que han cumplido cabalmente con la disposición normativa de pagar un sueldo mínimo de 14,000 pesos mensuales a cada elemento operativo.
La medida salarial no es un capricho administrativo, sino una barrera de contención indispensable. Especialistas y autoridades coinciden en que un agente policial con percepciones justas desempeña sus funciones con mayor eficacia y reduce exponencialmente el riesgo de caer en redes de corrupción o ser cooptado por el crimen organizado.
Frente a la omisión de las administraciones locales, el Gobierno del Estado ha tenido que asumir una carga financiera extraordinaria. En lo que va del periodo administrativo se han destinado más de 600 millones de pesos a la seguridad pública, canalizando de manera específica 200 millones para robustecer los tabuladores salariales de las corporaciones.
Gracias a este esfuerzo financiero centralizado, los oficiales estatales se ubican actualmente entre los mejor remunerados del país, percibiendo bonos de productividad, además de contar con equipamiento tecnológico y capacitación constante. Sin embargo, la disparidad con las policías municipales mantiene un flanco vulnerable en la estrategia integral de protección.
Ante la negativa de los alcaldes omisos, la respuesta institucional no se hará esperar y escalará al terreno legal. Torres Sánchez adelantó que se emitirá un recordatorio enérgico a las demarcaciones faltantes, advirtiendo que el incumplimiento de esta normativa ya fue turnado al Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Las consecuencias para los ediles que desacaten la disposición podrían derivar en sanciones severas. El marco legal contempla desde procedimientos de responsabilidad administrativa y multas económicas hasta el inicio de procesos de juicio político e inhabilitación para el ejercicio público.
