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Staff / El Mañana
Pueblos originarios logran que el Poder Judicial revise las asignaciones de Pemex, mientras el Gobierno Federal defiende los proyectos extractivos.
La disputa por la preservación de los recursos hídricos y el territorio en las regiones de la Huasteca y la Sierra Norte ha llegado a los tribunales federales.
Juzgados de distrito admitieron a trámite los primeros juicios de amparo colectivos impulsados por comunidades indígenas y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, organizaciones que buscan la cancelación de los permisos otorgados a Petróleos Mexicanos (Pemex) para la explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica.
Esta determinación judicial representa un primer filtro legal contra el Plan Estratégico 2025-2035 de la empresa paraestatal.
Con la admisión de los recursos, el Poder Judicial de la Federación se verá obligado a analizar los riesgos de afectación ecológica en la cuenca que comparten estados como San Luis Potosí, así como las denuncias de las comunidades sobre la falta de una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios.
Por su parte, el Poder Ejecutivo Federal fijó su postura respecto al conflicto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria aseguró que se vigilará la protección de los mantos acuíferos de la zona, pero justificó la permanencia de las actividades de Pemex como parte de la estrategia para la soberanía energética.
Asimismo, afirmó que se emplearán tecnologías adecuadas para mitigar el impacto ambiental en estas áreas geológicas.
Ante estas declaraciones, activistas e integrantes de las comunidades de la Huasteca señalaron una incongruencia en el discurso oficial, argumentando que la fracturación del subsuelo requiere inevitablemente el uso de grandes volúmenes de agua combinada con aditivos químicos.
Los demandantes advirtieron que mantendrán la defensa jurídica en los tribunales para evitar daños irreversibles en una región que ya enfrenta problemáticas severas de desabasto de agua.
