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Una agresión a un joven a la salida de un antro del Centro Histórico reabre dudas sobre protocolos, supervisión nocturna y responsabilidad municipal.
Staff / El Mañana
Luego de la agresión contra un joven que salía de un antro del Centro Histórico de San Luis Potosí, presuntamente atacado por un grupo de jóvenes en la vía pública, el director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, José Ángel de la Vega, descartó cualquier intervención de su dependencia.
El funcionario señaló que “no se actuó porque todo fue en la vía pública” y aseguró no tener fundamento ni conocimiento de que el hecho esté relacionado con algún establecimiento del giro nocturno, argumento con el que justificó la ausencia de acciones por parte de la Dirección de Comercio.
Sin embargo, el contexto del incidente —un joven agredido momentos después de salir de un antro del primer cuadro de la ciudad— abrió cuestionamientos sobre el alcance real de las responsabilidades municipales en zonas de alta concentración nocturna, donde la actividad comercial y la vía pública convergen de manera permanente.
A pesar de la gravedad del hecho, el director no informó sobre acompañamiento a la víctima, medidas de apoyo ni acciones de coordinación con otras áreas. Tampoco se reportaron operativos, supervisiones o revisiones a establecimientos nocturnos cercanos, lo que refuerza la percepción de una omisión institucional.
La postura oficial deja una interrogante abierta: si todo lo que ocurre fuera de la puerta de un antro queda fuera de competencia, ¿cuántas agresiones más podrían repetirse bajo el mismo criterio? En un contexto donde la seguridad en la vida nocturna ha sido señalada como un tema sensible, el argumento administrativo parece más una salida fácil que una respuesta preventiva.
Mientras la agresión ocurrió en el espacio que todos comparten —la vía pública—, la responsabilidad parece haberse quedado, también, fuera del radar oficial.
