ARTICLE 19 condena hostigamiento a periodista

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  • Señalan a Gerardo Sánchez Zumaya y a José Luis Romero Calzada, conocido como “Tecmol”, por una llamada telefónica considerada intimidatoria.

Staff/ El Mañana

La organización internacional ARTICLE 19 México y Centroamérica emitió un posicionamiento público para condenar el presunto hostigamiento ejercido contra el periodista potosino Samuel Roa Botello, director de EMSA Media, señalando directamente al empresario y actor político Gerardo Sánchez Zumaya y a José Luis Romero Calzada, conocido como “Tecmol”, por una llamada telefónica considerada intimidatoria tras publicaciones críticas relacionadas con sus aspiraciones políticas.

De acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión, el pasado 4 de marzo Samuel Roa recibió una llamada telefónica en la que también participó el diputado panista David Azuara Zúñiga. Sin embargo, ARTICLE 19 sostuvo que quienes mantuvieron un tono agresivo y de presión hacia el comunicador fueron Sánchez Zumaya y Romero Calzada, quienes reclamaron directamente por notas y columnas publicadas en EMSA Media.

ARTICLE 19 informó que tuvo acceso a un audio parcial de aproximadamente 11 minutos donde ambos personajes cuestionan al periodista sobre quién supuestamente “le paga” para publicar información en su contra y emiten descalificaciones hacia su labor periodística. Entre las expresiones retomadas por la organización destaca la frase atribuida a Romero Calzada: “Pinche extorsionador… todos los chayoteros son peor que los sicarios”.

Asimismo, Gerardo Sánchez Zumaya habría reclamado publicaciones relacionadas con su esposa y exigido disculpas al comunicador. La organización recordó que Samuel Roa ya había denunciado amenazas anteriormente, incluyendo el hallazgo de una hielera con cabezas de cerdo afuera de su domicilio en 2023, caso que permanece impune.

Ante el escalamiento del conflicto, ARTICLE 19 pidió al Mecanismo Federal de Protección reforzar las medidas de seguridad para el periodista y su familia, además de solicitar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión atraer las investigaciones y actuar contra quienes resulten responsables de amenazas o intimidación contra la prensa en San Luis Potosí.

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