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Staff / El Mañana
Autoridades educativas y legislativas endurecen las medidas preventivas en los planteles escolares para frenar el ingreso de sustancias ilícitas y objetos de riesgo.
Ante el incremento de situaciones de vulnerabilidad y la presión social por salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, las autoridades de San Luis Potosí determinaron intensificar los protocolos de inspección preventiva dentro de las aulas, estableciendo revisiones periódicas de mochilas en los centros educativos de nivel básico y medio superior.
La medida, que ha generado un intenso debate entre defensores de derechos humanos y padres de familia, busca frenar el trasiego de sustancias prohibidas y artículos punzocortantes que pongan en riesgo la vida de los menores. Los operativos operarán bajo esquemas aleatorios para evitar alertas previas que anulen el factor de prevención en los planteles.
Especialistas en seguridad escolar señalaron que estas acciones responden a una necesidad urgente de control ante el debilitamiento de los filtros familiares, los cuales históricamente han representado la primera línea de defensa contra la delincuencia juvenil y el narcomenudeo escolar.
Por su parte, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) indicó que las inspecciones contemplan un carácter estrictamente visual y participativo, donde los propios alumnos muestran sus pertenencias para evitar violaciones a la privacidad o abusos de autoridad por parte del personal docente.
No obstante, diversas organizaciones civiles han manifestado reservas sobre la efectividad a largo plazo de estas medidas punitivas, argumentando que la solución real radica en la atención psicológica integral y en la reconstrucción del tejido social desde los hogares potosinos.
A pesar de los cuestionamientos legales, la implementación de estos filtros de revisión se mantendrá vigente en los próximos meses, obligando a los consejos escolares y comités de padres de familia a coordinar jornadas semanales de vigilancia estricta.
Las instancias de procuración de justicia y seguridad pública continuarán monitoreando los resultados de este protocolo para evaluar si es necesario extender las revisiones sorpresivas a un mayor número de demarcaciones en la zona metropolitana e interior del estado.
