- Denuncian al regidor Jorge Zavala López de exigir a varios empleados el 5% de su salario quincenal como “cuota” por haber sido colocados en sus cargos.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí tiene aviadores panistas en su nómina y una red de corrupción y acoso contra trabajadores, a los que incluso les cobran moche, según diversas denuncias expuestas ayer.
El diputado local morenista Carlos Arreola, advirtió sobre los panistas que viven del erario.
“El PAN tiene incrustados a todos sus consejeros en la nómina del Ayuntamiento y eso es lo que no se vale, abusar desde un partido político”, dijo.
“No puede ser que esas cuatro paredes del PAN estén pegadas al Ayuntamiento y que el pueblo de San Luis Potosí esté pagándole al consejo la obediencia política del PAN”, señaló.
Para el legislador, se debe revisar que el aumento del 18 por ciento a los salarios del Alcalde y su cabildo no viole la Ley en Materia de Austeridad, pero sobre todo sacar a los aviadores.
“Y hacer el llamado a que PAN saque sus garras del Ayuntamiento, que ya lo han exprimido por mucho tiempo y qué mínimo respeten este nuevo gobierno que todavía ni es panista porque todavía está impugnando el PRI. Entonces, no puede ser que todavía mantengamos al Consejo Político del PAN, que todo el pueblo de San Luis Potosí lo mantengamos con nuestros impuestos”, dijo Arreola.
Los otros abusos
La ex trabajadora del Ayuntamiento de la capital, adscrita a la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Martha Erika Tapia Gone, hizo una denuncia pública que destapa una presunta red de corrupción operada por el regidor Jorge Zavala López dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
La afectada, quien anteriormente había señalado a Martha Orta Rodríguez, directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, por desairar su denuncia de acoso laboral, acusó al ex líder del PRD de exigir a varios empleados, incluido ella, el 5% de su salario quincenal como “cuota” por haber sido colocados en sus cargos gracias a su intervención política. Este dinero, según los testimonios, era recolectado por su hermana y transferido a cuentas de su asistente y pareja.
Tapia Gone también denunció el uso de una plaza fantasma a nombre de su hija, cuyo salario habría sido cobrado indebidamente por el propio Zavala, quien además tendría en su poder la tarjeta bancaria asociada. A esto se suma una serie de prácticas de acoso y amenazas ejercidas por la hermana del regidor, Liliana Zavala, a través de un sistema paralelo de control que incluía intimidación, campañas de difamación y violencia institucional contra mujeres.
Finalmente, la denunciante reveló un presunto esquema de corrupción en el manejo de locales municipales en diversos mercados, los cuales eran operados de forma discrecional por Liliana Zavala, al margen de la regulación oficial. Todo esto, apunta Tapia, con la complicidad de funcionarios cercanos a Zavala que favorecieron el hostigamiento y el ocultamiento de irregularidades.
