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STAFF / EL MAÑANA
El uso de empresas que facturan operaciones inexistentes o simuladas representa un riesgo para el patrimonio público y puede derivar en responsabilidades administrativas y consecuencias penales para funcionarios, advirtió Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Durante la revisión de las Cuentas Públicas 2025, el organismo mantiene especial atención en los proveedores contratados por los entes auditables, debido a antecedentes de operaciones simuladas mediante empresas conocidas como “fantasma” o “factureras”.
Lecourtois López explicó que, cuando se detectan posibles operaciones inexistentes, el IFSE debe dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante las promociones correspondientes, para que determine lo conducente dentro de sus atribuciones.
Señaló que la compra de facturas y la simulación de operaciones pueden generar consecuencias legales y fiscales, mientras que los proveedores que actúen en contubernio con servidores públicos también pueden enfrentar responsabilidades.
En las auditorías de las Cuentas Públicas 2025 ya se perfilan algunas observaciones relacionadas con falta de documentación fiscal y administrativa, duplicidad de comprobantes y registros contables incorrectos.
El titular del IFSE indicó que, si las observaciones no son solventadas de manera satisfactoria, podrán fincarse las responsabilidades administrativas correspondientes.
También llamó a los servidores públicos a evitar operaciones con empresas que emitan comprobantes fiscales sin que exista un procedimiento real para la adquisición de bienes o contratación de servicios.
Advirtió que cuando un recurso público fue pagado por un bien o servicio que no existe, deberá repararse el daño y reintegrarse el dinero.
