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Staff / El Mañana
El gobierno estatal y la máxima casa de estudios renovaron un convenio para ofrecer salud mental sin costo a personas bajo régimen de preliberación.
La estrategia de reinserción social en territorio potosino incorporó un blindaje enfocado en la salud mental de quienes buscan recuperar plenamente sus derechos civiles. Mediante la suma de esfuerzos institucionales, la administración estatal garantizó la continuidad de un programa clínico vital para evitar la reincidencia delictiva y facilitar el retorno ordenado de los ciudadanos a sus comunidades.
El fundamento de este esquema radica en la ratificación formal de un convenio de colaboración estratégica suscrito con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Gracias a esta alianza académica, las personas sujetas a regímenes de preliberación y libertad condicionada reciben acompañamiento terapéutico especializado sin costo alguno.
La operación de este mecanismo recae directamente en la Coordinación General de Medidas, Preliberaciones y Sanciones Restrictivas de la Libertad, instancia encargada de canalizar a los beneficiarios hacia los consultorios universitarios. Ahí, especialistas en salud mental evalúan y orientan de manera personalizada a cada ciudadano durante su proceso de transición legal.
Durante el anuncio de la continuidad del proyecto, el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Méndez Montes, subrayó que estas acciones responden a una directriz prioritaria del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La encomienda consiste en edificar un sistema donde la justicia punitiva se complemente con herramientas reales de prevención y recomposición comunitaria.
Los terapeutas involucrados en el programa explicaron que el acompañamiento psicológico otorga a los usuarios instrumentos prácticos para rediseñar su proyecto de vida. La atención aborda la gestión de emociones, la resolución pacífica de conflictos y la reconstrucción de los vínculos familiares que suelen fracturarse tras un proceso penal.
Las autoridades universitarias y estatales coincidieron en que el estigma social hacia quienes abandonan las prisiones representa una de las barreras más difíciles de superar. Por ello, la intervención clínica funciona como un amortiguador emocional que disminuye drásticamente las probabilidades de que un individuo vuelva a delinquir por falta de oportunidades o contención anímica.
Con la permanencia de este servicio gratuito, San Luis Potosí afianza un modelo integral de reinserción donde la salud emocional se posiciona como un pilar fundamental de la seguridad pública. La meta gubernamental es asegurar que cada ciudadano liberado cuente con un soporte multidisciplinario que le permita reintegrarse productivamente a la sociedad.
