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STAFF / EL MAÑANA
- Una iniciativa plantea castigar hasta con cuatro años de prisión a quienes oculten ingresos, simulen insolvencia o proporcionen información falsa para incumplir obligaciones alimentarias.
Evadir deliberadamente el pago de la pensión alimenticia podría costar hasta cuatro años de cárcel en San Luis Potosí, de prosperar una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado para endurecer las consecuencias contra quienes incumplan sus responsabilidades familiares.
La propuesta, impulsada por el diputado César Arturo Lara Rocha, plantea modificar el artículo 202 del Código Penal estatal para establecer penas de uno a cuatro años de prisión contra quienes intencionalmente evadan las obligaciones alimentarias.
El endurecimiento no solamente alcanzaría a quienes dejen de aportar los recursos establecidos, sino también a quienes recurran a distintas maniobras para aparentar que no tienen capacidad económica para cumplir.
Entre las conductas que se pretende sancionar se encuentra colocarse deliberadamente en estado de insolvencia, ocultar o alterar el monto real de los ingresos y proporcionar datos falsos sobre nombre o domicilio con la intención de impedir el establecimiento o cobro de alimentos.
Además de prisión, la iniciativa contempla multas de 60 a 300 días del valor de la UMA, así como la suspensión o privación de derechos de familia hasta por seis meses.
La propuesta también establece que, como parte de la reparación del daño, el responsable tendría que cubrir la totalidad de las cantidades que dejó de proporcionar oportunamente.
Otro de los cambios permitiría ejercer acción penal independientemente de que exista o no un procedimiento previo en materia familiar.
“La propuesta establece también que la acción penal pueda ejercerse independientemente de que se haya iniciado o no algún procedimiento en materia familiar, con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección para quienes dependen del cumplimiento de estas obligaciones”, señaló Lara Rocha.
El legislador sostuvo que el objetivo es reforzar la protección económica y alimentaria principalmente de niñas, niños y adolescentes, además de personas con discapacidad y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.
Por ahora, las sanciones planteadas todavía no entran en vigor. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, donde deberá ser analizada y dictaminada antes de avanzar en el proceso legislativo.
