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- La polémica destitución municipal abre la puerta a impugnaciones judiciales estatales.
Staff/El Mañana
El Cabildo de Vanegas, encabezado por el alcalde Gerónimo García Ruiz, aprobó la separación del síndico José Héctor Coronado Reyna en sesión extraordinaria. Fuentes cercanas al gobierno municipal confirmaron que la medida generó cuestionamientos sobre su legalidad por violar los procesos estatales de remoción.
La propuesta presidencial recibió el respaldo mayoritario del cuerpo edilicio. Sin embargo, con base en el marco normativo, el cargo está protegido constitucionalmente, lo que impide su destitución mediante un acuerdo interno.
La controversia radica en que el síndico fue electo por voto popular para el periodo 2024-2027. Según especialistas, esta condición otorga estabilidad formal al funcionario frente a decisiones de la alcaldía.
La legislación potosina establece que cualquier procedimiento para suspender o destituir a un edil compete exclusivamente al Congreso del Estado. El Cabildo carece de facultades para sancionar a sus pares.
Ante presuntas irregularidades, el ordenamiento dicta que el Poder Legislativo es el único órgano facultado para analizar los hechos y determinar sanciones.
Fuentes jurídicas advierten que el acuerdo carece de efectos legales y representa una extralimitación de funciones del ayuntamiento.
La decisión debilita la estructura municipal, pues la sindicatura ejerce la representación legal de la demarcación. Actualmente, la alcaldía mantiene bajo reserva los motivos del cese.
El intento de separación abre la puerta a impugnaciones legales para la restitución de derechos. El caso se resolverá en instancias judiciales estatales.
El hecho: El Cabildo de Vanegas destituyó ilegalmente al síndico José Héctor Coronado, un funcionario electo por voto popular que no puede ser removido por acuerdo interno.
La ley: Solo el Congreso del Estado tiene la facultad exclusiva de suspender o destituir a los miembros de un Ayuntamiento en San Luis Potosí.
