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Staff / El Mañana
El Cabildo de San Luis Potosí frena este 18 de septiembre de 2026 un dictamen ambiental impulsado por el alcalde Enrique Galindo, tras denunciarse modificaciones sin consenso y falta de consulta pública.
La dinámica gubernamental basada en la prisa por inaugurar, anunciar e intervenir espacios urbanos volvió a generar fricciones al interior del Cabildo municipal de San Luis Potosí. Durante la sesión de cabildo llevada a cabo la tarde de este viernes 18 de septiembre de 2026, alrededor de las 13:30 horas, en el palacio municipal de la capital, los regidores decidieron poner un alto a una iniciativa impulsada por la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la cual pretendía establecer un polígono de protección ambiental cerca de las instalaciones del Implan y el Ipicyt, pero cuyo procedimiento legislativo encendió alertas rojas entre los propios ediles.
El cuestionamiento principal no giró en torno a la necesidad de salvaguardar las áreas verdes de la demarcación —un objetivo respaldado de forma unánime por las distintas fuerzas políticas—, sino en la manera apresurada y presuntamente irregular en la que se integró el expediente. El regidor Gustavo de Jesús Mercado Garay destapó que el documento presentado para su votación difería sustancialmente del dictamen original que había sido analizado y discutido previamente en comisiones. Entre las irregularidades señaladas destacan la modificación de la declaratoria para dar paso a trabajos preparatorios sin sustento reglamentario, la omisión de la consulta pública obligatoria por la legislación ambiental vigente, y la ausencia de su firma en calidad de presidente de la Comisión Permanente de Ecología, lo que evidenció un albazo administrativo.
Este episodio se suma a una lista de tropiezos que han caracterizado la planeación operativa de la actual administración municipal. El antecedente más recordado es el del alumbrado táctico instalado sobre la histórica avenida Carranza, el cual fue sancionado y clausurado con sellos de “Obra no autorizada” por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debido a la omisión de los trámites federales correspondientes, un error reconocido públicamente por el propio director de Servicios Municipales, Christian Azuara. Asimismo, el faraónico proyecto del paso a desnivel en El Saucito ha acumulado amparos, modificaciones sustanciales y un aplazamiento de su conclusión hasta el año 2027, reflejando un patrón donde la urgencia política precede a la viabilidad técnica y legal.
Para los integrantes del Cabildo que votaron por frenar el proyecto, la lección es contundente: hacer rápido las cosas no significa hacerlas bien. La pretensión de acumular anuncios mediáticos sin cumplir con cada etapa jurídica expone a los proyectos municipales a suspensiones y reveses legales inevitables. Con este freno institucional, se reabre el debate sobre la urgente necesidad de replantear la planeación urbana y ambiental en la capital, exigiendo transparencia y respeto irrestricto a los procesos colegiados antes de someter a votación cualquier intervención de alto impacto para la sociedad potosina.
