- Fue detenido en Querétaro accionista que buscaba apropiarse de una zona del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito
Staff/EL MAÑANA
El empresario Alejandro Tamayo fue aprehendido este viernes en la ciudad de Querétaro tras ser acusado de un presunto fraude por aproximadamente 500 millones de pesos en perjuicio de más de 60 inversionistas, principalmente originarios de Nuevo León, a través de la firma Inmobiliaria Tamayo Capital.
Tamayo es uno de los socios de “Espacios en el Horizonte”, compañía que durante siete años protagonizó una intensa disputa legal, política y social para apropiarse de una amplia zona de la Sierra de San Miguelito, en la ciudad de San Luis Potosí, con fines de urbanización privada de mil 805 hectáreas en el área natural protegida.
La captura también revive los señalamientos que durante años hicieron activistas ambientales y comuneros sobre las prácticas utilizadas para intentar sacar adelante el megaproyecto inmobiliario.
Entre las irregularidades denunciadas se encontraban presuntos actos de coacción, división interna y presión sobre comuneros de San Juan de Guadalupe para avalar contratos favorables a la empresa.
El conflicto por la Sierra de San Miguelito se convirtió en uno de los símbolos de resistencia ambiental más importantes del país, debido a que organizaciones civiles advirtieron desde un inicio que el proyecto amenazaba un ecosistema clave para San Luis Potosí.
La zona representa una de las principales áreas de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la capital potosina, además de ser hábitat natural de numerosas especies de flora y fauna.
Frente a los intereses inmobiliarios, activistas agrupados en el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, junto con instancias del gobierno federal, impulsaron la protección ambiental del territorio hasta lograr el decreto de Área Natural Protegida (ANP), medida que frenó el avance del proyecto urbanizador.
Pese a ello, los litigios continuaron durante años. Incluso hasta noviembre de 2025 persistían recursos legales promovidos por grupos empresariales que buscaban revertir las restricciones ambientales y agrarias.
No obstante, el Tribunal Unitario Agrario terminó por asestar un golpe definitivo al proyecto al anular el acta de asamblea de la comunidad de San Juan de Guadalupe donde se había aprobado el contrato de asociación con “Espacios en el Horizonte”.
Dicha resolución fue interpretada por ambientalistas y opositores al desarrollo inmobiliario como el cierre jurídico de una larga batalla contra empresarios que, acusaron, desplegaron múltiples estrategias para intentar invalidar el decreto de protección de la Sierra.
