Staff/ El Mañana
San Luis Potosí, SLP. – Un entramado criminal que operaba bajo el nombre de “Cártel Inmobiliario” comenzó a desmoronarse tras la detención de Daniel Soto Basauri y Arturo Gael Carmona Cadena, señalados como parte de una red que, con ayuda de funcionarios y abogados, habría despojado a al menos 14 personas de sus bienes mediante juicios simulados, documentos falsos y uso de fuerza pública.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la banda operaba desde 2018, pero tomó fuerza durante la pandemia. Su modus operandi era tan frío como efectivo: fabricaban pagarés y adeudos falsos, iniciaban demandas mercantiles en tribunales sin que las víctimas fueran notificadas, simulaban emplazamientos en domicilios ajenos y, una vez obtenidas resoluciones judiciales irregulares, llegaban con orden y policía en mano para ejecutar desalojos y despojos de viviendas, vehículos y otros bienes.
Las víctimas, que en su mayoría eran personas de carácter pacífico y sin capacidad de defensa inmediata, se conocieron entre sí hasta que comenzaron a denunciar.
Según los abogados Marco Antonio Barrera y Lorenzo Sánchez Andrade, la organización estaría compuesta por al menos 15 personas, incluidos particulares, litigantes y servidores públicos.
La FGE judicializó la primera denuncia formal (carpeta 3581/2025) y logró la vinculación a proceso de Soto Basauri y Carmona Cadena por fraude y falsificación de documentos, dictándoles prisión preventiva. El plazo de investigación complementaria es de seis meses, tiempo en el que se buscará sumar las 14 carpetas que ya están en curso y definir la participación de más implicados.
El caso no solo expone la magnitud del fraude patrimonial en San Luis Potosí, sino que también plantea una pregunta incómoda: ¿qué tan infiltrada está la corrupción en las instituciones de justicia? Representantes legales y víctimas han denunciado amenazas por atreverse a señalar y pidieron que el caso se mantenga visible para evitar que quede impune.
Este golpe judicial es apenas el primer paso para desarticular una red que, por años, aprovechó las grietas del sistema legal para apropiarse de lo ajeno, dejando a su paso un rastro de patrimonios perdidos y vidas afectadas.
