Campesinos buscan crear nuevo ejido en la Huasteca 

Staff / El Mañana 

Alrededor de 500 productores agrícolas de la Huasteca Potosina impulsan un expediente agrario para regularizar 15 mil hectáreas y consolidar una nueva zona ejidal.

El campo de la Huasteca Potosina vive momentos de intensa actividad jurídica y social, luego de que agrupaciones de trabajadores agrícolas iniciaran un proceso formal para buscar la regularización de aproximadamente 15 mil hectáreas de tierra. Este esfuerzo, que involucra de manera directa a un padrón cercano a los 500 campesinos de la zona, representa una de las iniciativas agrarias más significativas de los últimos años en esta región del estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con los datos recabados sobre el proceso, actualmente se llevan a cabo diversos trabajos de carácter técnico en el terreno disputado y ocupado por las familias trabajadoras. El objetivo principal de estas labores es cumplir con cada uno de los lineamientos legales establecidos por las instancias federales. Una vez concluidos estos dictámenes topográficos y de posesión, el expediente completo deberá ser turnado de manera oficial ante el Tribunal Superior Agrario, instancia que tendrá la responsabilidad de emitir la resolución final que permita la creación jurídica del nuevo ejido.

Paralelamente a este trámite de regularización, los productores del campo han comenzado a articular una demanda histórica orientada a la justicia social. El sector campesino busca que la administración federal establezca mesas de diálogo directas y permanentes. El propósito de estas negociaciones es concretar un plan integral de justicia que garantice la restitución legítima de tierras a los diversos pueblos originarios que históricamente han habitado y trabajado en la Huasteca.

La propuesta formal ya fue redactada y entregada mediante un documento escrito dirigido a la Presidencia de la República. Como parte de la estrategia para fortalecer esta petición, en las últimas semanas se ha intensificado la recolección de firmas y sellos avalados por los diferentes núcleos agrarios de la región, demostrando así la unidad y la urgencia con la que las comunidades reclaman certidumbre jurídica sobre su patrimonio territorial.