-Agresión en Derecho detona paro indefinido y exige claridad a Rectoría
-La Facultad suspende clases y administración para “proteger” a la comunidad y el patrimonio, en medio de un movimiento estudiantil que pide acciones concretas y respeto por la seguridad.
Staff/El Mañana
La tensión sube de nivel en la UASLP y el campus de la Zona Media activa el modo stop general. Si la situación ya era complicada, hoy escaló: la Facultad de Estudios Profesionales Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) anunció mediante comunicado la suspensión inmediata de actividades académicas y administrativas, sin fecha de regreso. ¿Qué prendió el foco rojo? El descontento acumulado por la falta de seguridad, sumado a un hecho lamentable: la agresión sexual que sufrió una estudiante en la Facultad de Derecho, en la capital del estado.
Este incidente ha sido el detonante para que el movimiento estudiantil de defensa de principios y valores tome más fuerza y cobre un nuevo significado. Los jóvenes están pidiendo cuentas claras y acciones reales. La Facultad de Estudios Profesionales Zona Media respondió a esta presión con una medida drástica: un “freno de mano” institucional. El comunicado explica que la suspensión busca principalmente salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria, además de resguardar las instalaciones y el patrimonio. Es una acción contundente para mostrar que la seguridad de los estudiantes es la prioridad.
Sin embargo, en este panorama de protesta y suspensión, hay un actor clave que está bajo la mira. Alejandro Zermeño Guerra, el rector de la UASLP, hasta el momento no ha emitido una declaración pública ni ha establecido comunicación directa con los estudiantes para abordar la grave situación de seguridad que llevó al paro. Su silencio o la falta de una respuesta inmediata solo aumenta la frustración dentro del campus.
La Facultad de la Zona Media enfatiza su compromiso con el diálogo, el respeto y la unidad como las vías para encontrar soluciones que fortalezcan la vida universitaria y promuevan una convivencia más segura y solidaria. No obstante, con las clases detenidas y la comunidad exigiendo medidas, la responsabilidad recae ahora en las autoridades centrales. Se espera que la Rectoría tome una postura activa y ofrezca las garantías necesarias para que la comunidad estudiantil se sienta verdaderamente protegida.
