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Staff El Mañana
El juez calificador Néstor Yáñez advierte sobre la fuga de conductores de unidades extranjeras tras accidentes, dejando a los afectados sin opciones claras de reparación del daño.
Una problemática recurrente en las vialidades del municipio de Ciudad Valles ha encendido las alertas entre las autoridades locales debido a la impunidad con la que operan los conductores de vehículos de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como “chocolates”, tras verse involucrados en hechos de tránsito.
De acuerdo con el testimonio del juez calificador Néstor Yáñez, en un lapso no mayor a una semana se han documentado al menos tres percances viales de esta naturaleza. Uno de los eventos más aparatosos y con saldo de una persona lesionada ocurrió recientemente en el crucero conformado por la calle Madero y el bulevar Lázaro Cárdenas, donde el afectado directó resultó ser un trabajador del volante (taxista).
El funcionario municipal explicó que, más allá de la protección que estas unidades buscan adjudicarse mediante placas expedidas por diversas organizaciones civiles, el derecho al libre tránsito se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, aclaró que la posible introducción ilegal de dichos vehículos al país constituye una presunción cuya revisión legal compete estrictamente a las autoridades fiscales o aduanales federales, y no a las corporaciones de tránsito o policía preventiva local, por lo que implementar operativos masivos contra estos automotores excede sus funciones.
Sin embargo, el panorama jurídico sufre una modificación radical cuando el conductor y la unidad extranjera son interceptados y detenidos en el sitio tras la comisión de un accidente vial. En estos escenarios, la policía vial canaliza a los involucrados ante la Fiscalía, instancia que exige al presunto propietario la acreditación formal de importación legal.
Dicho requisito fiscal rara vez puede cumplirse, detalló el abogado, debido a que los poseedores de estos vehículos únicamente cuentan con un título de propiedad expedido a nombre de residentes en los Estados Unidos de América. Ante este escenario, la mayoría de los infractores opta por abandonar la unidad y darse a la fuga sabiendo que carecen de sustento legal para responder por los daños ocasionados.
