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• La Contraloría municipal da por concluida la investigación, pero la ciudadanía cuestiona la tibieza de las sanciones y la falta de transparencia.
Staff / El Mañana
La Contraloría Interna del ayuntamiento de San Luis Potosí dio por concluida la investigación administrativa del llamado caso Rich, el escándalo que exhibió omisiones, irregularidades y presuntas complicidades dentro del área de Comercio Municipal, y anunció la imposición de sanciones contra servidores públicos involucrados. Sin embargo, lejos de generar confianza, la resolución dejó una estela de molestia y descontento ciudadano.
De acuerdo con lo informado por la titular del área, Gabriela López y López, el procedimiento quedó “cerrado” en el ámbito interno, con sanciones que van de seis meses a un año conforme a la normatividad municipal. Una decisión que, para muchos, resulta desproporcionada frente a la gravedad de los hechos y al impacto que el caso tuvo en la percepción de corrupción dentro del gobierno capitalino.
Más aún, se confirmó que los funcionarios sancionados impugnaron la determinación ante un tribunal competente, por lo que la Contraloría permanece a la espera de que se confirme o modifique la sanción. En otras palabras: el expediente se archiva en casa, pero la responsabilidad sigue flotando en un limbo jurídico que parece más un trámite que una rendición de cuentas.
Aunque se evitó dar nombres en un inicio, se reconoció que entre los sancionados se encuentran el exdirector de Comercio, Jorge García Medina; el exsubdirector José Francisco Juárez; la excoordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, así como el exjefe de inspectores. Una lista que confirma que el problema no fue menor ni aislado.
Para la ciudadanía, el mensaje es incómodo: se acepta que hubo irregularidades, pero se castigan con sanciones administrativas que parecen más simbólicas que ejemplares. En un contexto donde se exige combatir la corrupción con firmeza, cerrar el caso sin mayor profundidad alimenta la sospecha de que, una vez más, la burocracia protege a la burocracia.
El caso Rich se declara oficialmente “concluido”, pero en la calle la percepción es otra: la justicia administrativa volvió a quedarse corta.
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