STAFF/ EL MAÑANA
Tanlajás, S.L.P.-Lo que debía ser un acto público y de inclusión, terminó en un episodio de exclusión y tensión. Autoridades municipales de Tanlajás, junto con representantes del gobierno federal, impidieron el acceso a miembros del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y autoridades comunitarias de Piaxtla de Tancanhuitz de Santos y Coromohom, durante un evento oficial de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, financiado con recursos etiquetados para pueblos indígenas y afromexicanos a través del FAISPIAM.
El evento, que se llevó a cabo bajo la coordinación del delegado federal de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí y del titular del INPI, Mario Godoy Ramos, fue custodiado por elementos de la policía municipal, quienes bloquearon la entrada a representantes comunitarios legítimos, a pesar de que contaban con una suspensión definitiva otorgada por un juez federal, la cual respalda su derecho a participar y supervisar el destino de sus propios recursos.
La justificación de los uniformados: que el recinto era de “carácter privado”. Esto, a pesar de que el evento era público y financiado con recursos federales, y tenía como propósito entregar apoyos a comunidades indígenas, precisamente a quienes se les negó la entrada.
¿Incluir a los pueblos indígenas? Solo en el discurso
La exclusión también alcanzó a los seis consejeros nacionales indígenas del CNPI, quienes ni siquiera fueron convocados ni considerados para estar en el presídium, contradiciendo el discurso oficial de respeto, reconocimiento e inclusión de los pueblos originarios promovido por el gobierno federal, especialmente en este simbólico “Año de la Mujer Indígena”.
Una de las escenas más lamentables fue la retención de la consejera náhuatl Angelina Reyes, originaria de Piaxtla, quien fue detenida fuera del recinto por más de 20 minutos, expuesta a un entorno hostil. Solo tras la presión de sus compañeros, se permitió su ingreso, aunque se le negó formar parte del presídium, pese a su investidura nacional.
También logró ingresar la tesorera de Piaxtla, pero el resto del comité quedó fuera del acto, lo que ha sido interpretado como una práctica sistemática de exclusión, incluso cuando se trata de eventos que supuestamente celebran a las comunidades indígenas.
Un patrón que se repite
El Observatorio Indígena Mesoamericano, que ha dado seguimiento a estos hechos, denunció el uso de cuerpos policiacos municipales para impedir la participación de representantes comunitarios en espacios públicos financiados con recursos que les corresponden por ley.
“Es inaceptable que se utilicen fuerzas del orden para cerrar las puertas a quienes luchan por el respeto de sus derechos, su autonomía y su territorio”, señalaron voceros del observatorio.
Casos similares han sido reportados en otras partes del país, donde comunidades indígenas enfrentan barreras institucionales, discriminación y marginación en la aplicación de recursos públicos, dejando en entredicho los principios de autogobierno y libre determinación que tanto se promueven desde el discurso oficial.
Para las autoridades comunitarias de Piaxtla, esto es un nuevo intento por silenciar voces críticas y frenar la fiscalización ciudadana del uso del presupuesto público, sobre todo aquel destinado al desarrollo de los pueblos originarios.
La paradoja es brutal: el año de la mujer indígena se vive con exclusión, barreras y policías en la puerta.
