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Staff / El Mañana
Estudios revelan que más de 3,600 internos están en las cárceles sin condena; más de 800 llevan más de dos años esperando a un juez.
¡Tragándose los barrotes sin saber si son culpables o inocentes! Los datos oficiales sobre la población sin sentencia en los Centros Estatales de Reinserción Social revelan que la justicia en la entidad se mueve a cuentagotas. Durante el 2025 se contabilizaron 3,641 personas privadas de la libertad que no han recibido una condena firme por parte de las autoridades judiciales.
El estudio elaborado por organismos de estadística detalla que el 24 por ciento de esta población (887 personas, entre ellos 826 hombres y 61 mujeres) estuvo en prisión preventiva por menos de tres meses. Aunque este grupo representó la mayoría relativa de las liberaciones o resoluciones rápidas, el problema de fondo sigue siendo el lento avance de los procesos penales.
Las cifras muestran la realidad del encierro: 529 internos pasaron de tres a seis meses tras las rejas; 801 personas permanecieron cautivas entre seis meses y un año; mientras que 622 reclusos sufrieron el encierro de uno a dos años sin recibir un fallo definitivo. La segunda cifra más impactante la representan 802 personas que llevan encarceladas dos años o más tiempo sin que exista una sentencia.
Esta prisión preventiva prolongada ha encendido las alarmas de organismos internacionales de derechos humanos. Diversas instancias han señalado que mantener a un acusado encarcelado durante años sin que se le emita una sentencia viola directamente la presunción de inocencia y los plazos razonables que exige cualquier proceso penal justo.
Mientras las estadísticas continúan acumulándose, cientos de familias abarrotan las afueras de los penales esperando que los jueces aceleren las carpetas de investigación para definir la situación jurídica de sus allegados.
