🔊 Escuchar esta nota informativa:
- Cinco presidentes municipales aparecen entre los funcionarios con mayores percepciones, mientras en sus demarcaciones persisten reclamos por servicios, infraestructura y seguridad.
Staff/ El Mañana
Mientras habitantes de distintos municipios enfrentan problemas de infraestructura, seguridad y servicios públicos, cinco presidentes municipales aparecen entre quienes reciben las mayores percepciones mensuales de San Luis Potosí, con ingresos que van de 106 mil a más de 140 mil pesos, según el documento citado.
La lista es encabezada por Mauricio Andrade Merchán, de Tamasopo, con 140 mil 287.50 pesos mensuales; le siguen Óscar Humberto Márquez Plascencia, de Xilitla, con 128 mil 907 pesos; Rosa Angélica Martínez Linares, de Ciudad del Maíz, con 114 mil 260; Erick Giovanni Espino de la Rosa, de Villa de Ramos, con 108 mil 333, y Gumaro Verdín Puente, de Guadalcázar, con 106 mil 335 pesos.
El contraste resulta particularmente relevante frente a las condiciones que enfrentan algunos de estos municipios. El artículo 133 de la Constitución Política del Estado establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración superior a la fijada para el Gobernador en el presupuesto correspondiente.
En Tamasopo, la percepción del alcalde ha sido cuestionada públicamente, mientras también existen señalamientos relacionados con la actuación del gobierno municipal. En Xilitla persisten reclamos ciudadanos por el estado de las calles, además de acusaciones sobre presuntos cobros indebidos que deberán ser aclaradas por las autoridades correspondientes.
En Ciudad del Maíz, habitantes han señalado carencias en servicios médicos, mientras que la alcaldesa enfrentó críticas por el uso de instalaciones públicas para una celebración personal.
Villa de Ramos tampoco escapa al cuestionamiento ciudadano, con señalamientos sobre seguridad y reclamos de comunidades por presunto abandono. En Guadalcázar, habitantes han denunciado deterioro de caminos y, en algunos casos, han recurrido a recursos propios para atender reparaciones.
Más allá de si las percepciones se encuentran dentro del marco legal, el contraste abre una discusión política sobre la proporcionalidad entre los salarios de los funcionarios y los resultados que reciben las comunidades.
