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Staff / El Mañana
Autoridades estatales intensifican acciones legales y llaman a los productores agropecuarios a denunciar el abigeato para frenar pérdidas en el sector rural.
Frente a la vulnerabilidad que enfrentan los pequeños y grandes productores del sector agropecuario en las distintas regiones del territorio potosino, las instituciones de procuración de justicia han redoblado los esfuerzos orientados a inhibir la sustracción ilegal de animales de granja, un ilícito que lacera profundamente la economía rural.
La sustracción furtiva de semovientes no solo representa una pérdida material directa para las familias dedicadas al campo, sino que vulnera años de esfuerzo y la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen exclusivamente de la ganadería para su subsistencia diaria y desarrollo productivo.
Ante esta problemática, los operadores del sistema de justicia penal han establecido canales de comunicación más directos con los liderazgos ejidales y asociaciones ganaderas, buscando agilizar los reportes preliminares y optimizar las rutas de investigación ministerial tras el registro de cualquier ilícito.
Las corporaciones ministeriales recordaron que este ilícito conlleva repercusiones jurídicas severas en el estado, estipulando sanciones privativas de libertad que oscilan entre los cuatro y los diez años de prisión para quienes resulten responsables de extraer y comercializar ganado sin la documentación legal correspondiente.
Para lograr desarticular las redes dedicadas a esta actividad ilícita, el organismo autónomo recalcó que la participación activa de los afectados resulta indispensable, instando a la población a utilizar los números de emergencia ante cualquier movimiento atípico de camiones ganaderos o corrales clandestinos.
Asimismo, se informó sobre la disponibilidad de esquemas confidenciales para recibir avisos ciudadanos sin poner en riesgo la integridad de los denunciantes, garantizando el anonimato absoluto mediante las líneas de atención habilitadas permanentemente durante las veinticuatro horas.
Con estas medidas de contención jurídica y proximidad social, las instancias encargadas de procurar justicia buscan blindar el patrimonio rural, advirtiendo que no habrá tolerancia para quienes afecten la tranquilidad y el sustento de los trabajadores del campo en la entidad.
