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Staff / El Mañana
Habitantes de la zona norte enfrentan la amenaza de perder una superficie comunitaria ante presuntas irregularidades en trámites de propiedad.
La tranquilidad de las familias que habitan en un sector tradicional del norte de este municipio se vio alterada cuando un grupo de personas arribó sorpresivamente a un predio de uso común para realizar labores de medición topográfica. La presencia de estos individuos, quienes se transportaban en una unidad automotriz sin logotipos oficiales, generó un ambiente de profunda inquietud entre los residentes locales, quienes de inmediato salieron a indagar los motivos de su estancia al percatarse de que estaban delimitando sectores destinados históricamente al esparcimiento y la convivencia de las familias.
El malestar social no surge de la nada, ya que los colonos arrastran antecedentes de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra que involucran transacciones realizadas a lo largo de las últimas décadas. De acuerdo con documentos en poder de la comunidad, existen compraventas y donaciones de predios celebradas entre particulares y antiguos representantes institucionales desde mediados de los años noventa y principios de los dosmiles. No obstante, los vecinos sostienen firmemente que estas operaciones privadas jamás contemplaron la afectación del perímetro original de la superficie comunitaria, la cual ha funcionado como pulmón y zona recreativa desde la fundación del asentamiento.
La mayor preocupación radica en los indicios de corrupción y opacidad al interior de las oficinas encargadas del registro catastral y la administración territorial. Testimonios recabados entre los propios afectados señalan que personal adscrito a dichas dependencias habría realizado gestiones y llamadas extraoficiales para presionar a los habitantes, exigiendo la retirada de infraestructura recreativa y la liberación inmediata de los terrenos bajo el argumento de beneficiar a supuestos legítimos propietarios. Esta situación ha dejado en evidencia una vulnerabilidad latente para los bienes colectivos de la región huasteca.
Ante este panorama de incertidumbre, la ciudadanía exige la intervención inmediata de instancias de fiscalización y transparencia para revisar a fondo los archivos registrales y deslindar responsabilidades. Los habitantes advierten que no permitirán la pérdida de su patrimonio social bajo ningún argumento legaloide, recordando que las zonas de convivencia comunitaria son intocables conforme a las normas de desarrollo urbano que rigen en este municipio.
