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Staff / El Mañana
- Organizaciones campesinas denuncian que la orden de devolución de tierras deja fuera a la gran mayoría de las familias afectadas.
Un nuevo conflicto por la posesión de terrenos agrícolas mantiene en alerta a las comunidades originarias de la Huasteca potosina.
Tras semanas de litigio por el uso de la fuerza pública en parcelas ejidales, agrupaciones de jornaleros acusaron que las notificaciones de los juzgados federales llegaron incompletas, beneficiando únicamente a un grupo pequeño de tres personas y dejando en el desamparo al grueso de la comunidad.
Los manifestantes señalaron que la resolución emitida por los tribunales del Quinto Distrito rompe con los acuerdos de protección constitucional que se habían solicitado para frenar los lanzamientos de viviendas.
El papeleo emitido por la delegación de justicia local dejó fuera de los derechos de vivienda a decenas de familias que habitaban de forma regular el perímetro en disputa.
El bloque agrario apuntó que las actas del Ministerio Público de la Unidad de Investigación pretendían ejecutar la diligencia de manera exprés este martes.
Los comuneros acusan que las oficinas del ayuntamiento operan de la mano con terratenientes particulares para fraccionar los terrenos y debilitar la organización comunitaria de los pueblos de la zona.
Debido a lo que consideran una entrega simulada y ventajosa, los inconformes anunciaron que mantendrán guardias permanentes en las inmediaciones del rancho para evitar que se consolide el despojo de los espacios productivos.
Advirtieron que no liberarán el acceso principal hasta que los magistrados revisen los expedientes de todos los ejidatarios censados.
