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STAFF / EL MAÑANA
- Las reformas obligan a reforzar la protección de mujeres víctimas de violencia.
Las mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí tendrán nuevas garantías para evitar que, después de denunciar una agresión, enfrenten nuevamente daños, señalamientos o prácticas institucionales que las obliguen a revivir los hechos.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las que se incorpora formalmente el concepto de revictimización y se amplían las obligaciones para autoridades e instituciones encargadas de atender estos casos.
La legislación considera revictimización aquellas acciones u omisiones que reproduzcan, agraven o prolonguen el daño sufrido por una víctima durante una denuncia, investigación, proceso judicial o incluso durante la difusión pública del caso.
Entre las prácticas que deberán evitarse se encuentran los interrogatorios reiterados e innecesarios, obligar a las víctimas a relatar repetidamente acontecimientos traumáticos, culpabilizarlas, descalificarlas, exponer públicamente su identidad, incurrir en retrasos injustificados o reproducir estereotipos de género y actos discriminatorios.
La reforma también incorpora la violencia simbólica, relacionada con mensajes, prácticas, representaciones y expresiones que reproducen estereotipos y relaciones desiguales de poder contra las mujeres.
Otro cambio relevante está relacionado con las órdenes de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas medidas ya no deberán desaparecer únicamente por el transcurso del tiempo, sino mantenerse mientras exista una situación de riesgo o sean necesarias para garantizar la protección y reparación del daño.
Además, los refugios para mujeres víctimas de violencia deberán garantizar condiciones de accesibilidad y disponer de traductores o intérpretes de lengua materna o Lengua de Señas Mexicana; cuando no cuenten con ellos, podrán solicitar apoyo a instituciones estatales.
Con estas modificaciones, el Congreso busca armonizar la legislación potosina con el marco federal y cerrar espacios a prácticas institucionales que puedan convertir el proceso de búsqueda de justicia en una nueva forma de violencia para las víctimas.
