Diputados alertan que la cantidad observada en la cuenta pública de San Luis Potosí podría derivar en sanciones.
Staff/ El Mañana
San Luis Potosí capital no sólo enfrenta los problemas cotidianos de inseguridad y deterioro urbano; hoy carga además con el peso de ser el municipio más observado del estado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La cifra que encendió las alertas no es menor: más de 446 millones de pesos bajo observación, un monto que rebasa el “error administrativo” y apunta, cuando menos, a una opacidad persistente.
Desde la Comisión de Fiscalización del Congreso, el mensaje fue tan claro como incómodo. El diputado César Arturo Lara Rocha advirtió que no habrá tolerancia y que la investigación sigue su curso.
Explicó que existe un plazo —con fecha límite al 15 de febrero— para solventar las observaciones; de no hacerlo, el instituto fiscalizador procesará las sanciones correspondientes, que podrían escalar a responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales.
El vocal de la comisión, Marco Gama Basarte, reconoció la gravedad del monto e insistió en que las inconsistencias deben aclararse. Desde Morena, el diputado Carlos Arreola subió el tono: pidió revisar “con lupa” al gobierno capitalino y reprochó la simulación política de discursos de bienestar sin cuentas claras.
El contexto no ayuda. Mientras los informes hablan de anomalías, en las calles persisten colonias sin servicios adecuados, obras inconclusas y una percepción de inseguridad que no cede. Todo esto bajo la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos, señalado por prácticas que van desde la falta de claridad presupuestal hasta denuncias ciudadanas por abusos policiales.
Aun así, desde el ayuntamiento se insiste en que las observaciones son solventables. Para la ciudadanía crítica, la coincidencia es inevitable: 446 millones bajo sospecha y un alcalde fuera de la ciudad. Entre auditorías y viajes, la capital espera algo más que postales: espera respuestas y cuentas claras.
