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Staff / El Mañana
La CEBP y agrupaciones civiles diseñan nuevos lineamientos de seguridad para proteger a los buscadores durante las jornadas en campo.
Ante los riesgos latentes que enfrentan quienes rastrean paraderos de personas desaparecidas, autoridades estatales y colectivos de familiares han iniciado formalmente la creación de un protocolo de protección integral. Esta iniciativa busca estandarizar los mecanismos de prevención y respuesta inmediata, garantizando que el personal de búsqueda cuente con los respaldos institucionales necesarios durante sus recorridos en zonas de riesgo.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en conjunto con organizaciones como “Voz y Dignidad por los Nuestros”, han puesto en marcha una serie de mesas de trabajo para consolidar este proyecto. El objetivo primordial es que cada incursión en territorio cuente con una planeación estratégica que minimice cualquier amenaza contra la integridad física de los voluntarios y funcionarios.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, se enfatizó que este esfuerzo es una respuesta a las solicitudes constantes de los familiares. Bajo la actual administración estatal, se ha buscado mantener una apertura total al diálogo, reconociendo que la experiencia de los colectivos es indispensable para construir rutas de acción que sean realmente efectivas sobre el terreno.
Como pieza clave en este blindaje, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participará activamente mediante su Unidad de Prevención del Delito. La intervención de los cuerpos policiales no se limitará a la custodia, sino que se integrará a procedimientos tácticos de acompañamiento que permitirán una reacción coordinada ante cualquier situación de vulnerabilidad o altercado que pudiera presentarse durante el rastreo.
El diseño de este manual operativo contempla la participación plural de otros grupos de búsqueda en los próximos meses. Las autoridades consideran que, para que el protocolo tenga éxito, debe nutrirse de las vivencias reales de quienes llevan años recorriendo fosas clandestinas y predios baldíos, integrando sus demandas de seguridad en un documento oficial que obligue a su cumplimiento institucional.
Este esquema de trabajo busca transformar las jornadas de búsqueda, pasando de operativos aislados a intervenciones con un respaldo institucional sólido. La meta es clara: que la búsqueda de justicia y verdad no represente un peligro adicional para quienes han dedicado su vida a encontrar a sus seres queridos, instaurando un estándar estatal de protección que se aplique de manera rigurosa.
