Staff/ El Mañana
Las inconformidades contra la administración de Enrique Galindo Ceballos y contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, continúan creciendo entre automovilistas que denuncian una presunta política recaudatoria basada en multas, arrastres y operativos permanentes.
En distintos sectores de San Luis Potosí, ciudadanos acusan la presencia constante de patrullas y grúas particulares que recorren calles y avenidas levantando vehículos bajo criterios que consideran arbitrarios y desproporcionados.
Para muchos conductores, la capital dejó de ser una ciudad… y se convirtió en un rally donde el premio mayor es evitar la grúa.
Las críticas señalan que cuando algún ciudadano cuestiona una infracción o reclama presuntos abusos, la respuesta suele escalar rápidamente hacia actos intimidatorios, sometimientos o detenciones que consideran excesivas.
A esto se suma el costo de arrastres y pensiones vehiculares privadas, cuyos cobros pueden superar los 10 mil pesos, afectando severamente la economía de las familias.
La molestia ciudadana también apunta al presunto beneficio económico detrás de estos operativos, debido a la constante participación de empresas de grúas y depósitos vehiculares en los aseguramientos realizados por la autoridad municipal.
Mientras tanto, habitantes cuestionan que el despliegue operativo para perseguir automovilistas contrasta con las denuncias de inseguridad y robos que continúan registrándose en distintos puntos de la ciudad.
Porque en la capital potosina, dicen algunos ciudadanos, parece más fácil encontrar una grúa que una patrulla cuando realmente se necesita.
