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En la Huasteca Potosina, la caña de azúcar es mucho más que un cultivo: es el sustento de miles de familias. Sin embargo, los ingenios Plan de Ayala en Ciudad Valles y Alianza Popular en Tamasopo han convertido ese sustento en incertidumbre al mantener adeudos millonarios de preliquidaciones correspondientes a la zafra 2025-2026. Los productores, que deberían recibir lo justo por su esfuerzo, enfrentan una realidad amarga: dirigencias opacas, recursos mal administrados y promesas incumplidas.
Los líderes cañeros Antonio González Izaguirre y Antonio Juárez han encabezado protestas y bloqueos, denunciando que los pagos retenidos han dejado a los productores sin recursos para preparar el siguiente ciclo agrícola. A su vez, Eduardo Martínez, dirigente de la CNC, ha advertido que algunos cañeros han optado por migrar hacia otros ingenios como Beta San Miguel en El Naranjo, ante la falta de certeza en los pagos. La deuda supera los 13 millones de pesos, y su impacto no se limita al campo: comercios, transportistas y servicios vinculados a la agroindustria azucarera también sufren pérdidas.
La crisis no es solo financiera, es moral. ¿Cómo justificar que se retengan cuotas y se maquillen cifras mientras los productores cargan con plagas, bajos rendimientos y deudas? El campo cañero se sostiene en la espalda de quienes trabajan bajo el sol, no en los escritorios donde se negocia con su sudor. La deuda no solo es económica, es un golpe a la dignidad de quienes mantienen viva la agroindustria.
La solución exige pago inmediato y auditorías independientes. El gobierno estatal y federal deben intervenir con firmeza, porque la caña de azúcar es columna vertebral de la economía regional. Si no se actúa, el riesgo es un colapso que arrastrará a comunidades enteras. Los cañeros no piden favores, exigen justicia. Y mientras los ingenios juegan con el tiempo, el hambre no espera.
