Desde la Banqueta
Ericka Segura.
Cada 7 de junio México conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Una fecha que debería servir para defender el derecho a opinar, cuestionar y criticar al poder. Sin embargo, en San Luis Potosí el debate ha tomado un rumbo peculiar, algunos de los actores que hoy se presentan como defensores de las libertades son los mismos que durante años han utilizado estructuras de comunicación para construir narrativas favorables y desacreditar a sus adversarios.
La llamada Ley Serrano merece una revisión profunda. No hay duda de que la inteligencia artificial representa un reto para las democracias modernas. Puede ser una herramienta extraordinaria para la educación, la investigación y el trabajo, pero también puede utilizarse para fabricar contenido falso, manipular imágenes y destruir reputaciones. Regularla no es una ocurrencia; es una necesidad. El verdadero debate está en cómo hacerlo sin criminalizar la libertad de expresión.
La polémica surgió porque la reforma terminó tocando un terreno extremadamente delicado, el derecho a informar y opinar. La detención de “periodistas” , bajo esta legislación provocó una reacción nacional de organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa, que advirtieron riesgos de censura y persecución política. Ahí está el problema de fondo.
Pero en medio de esta discusión aparece Enrique Galindo Ceballos intentando colocarse como el gran defensor de la libertad de expresión. Y es precisamente ahí donde surge la contradicción.
Porque resulta difícil aceptar lecciones de pluralidad cuando desde el poder también se construyen aparatos de comunicación destinados a promover una versión única de la realidad. Resulta complicado comprar el discurso del alcalde cuando medios afines, comentaristas cercanos y plataformas favorables suelen dedicar espacios a golpear adversarios políticos mientras se minimizan los errores propios.
Más preocupante aún es que, mientras se habla de libertades, se ridiculice a periodistas que lograron resoluciones favorables o se desacredite el trabajo de comunicadores incómodos. Defender la libertad de expresión implica aceptar la crítica, incluso cuando incomoda.
Galindo hoy exige congruencia al Congreso. La pregunta es si está dispuesto a exigírsela a sí mismo.
Porque mientras habla de derogar leyes, también parece estar concentrado en la siguiente campaña. La gubernatura ocupa cada vez más espacio en el horizonte político del alcalde. Y si decide pedir licencia, dejará una larga lista de asuntos pendientes, obras prometidas, proyectos inconclusos y un Ayuntamiento que recientemente aprobó mecanismos de financiamiento por hasta 200 millones de pesos para garantizar infraestructura antes de concluir la administración.
La libertad de expresión no puede convertirse en bandera electoral de ocasión. Mucho menos cuando quienes la enarbolan han sido beneficiarios de las mismas prácticas que hoy denuncian.
En política, la credibilidad no depende de los discursos. Depende de la congruencia. Y ahí es donde Enrique Galindo enfrenta su examen más difícil.
