- La justicia federal rechazó la queja presentada por el ayuntamiento capitalino y confirmó la suspensión contra la venta de terrenos públicos considerados clave para el equilibrio ambiental
Staff/ El Mañana
El intento del Ayuntamiento de San Luis Potosí por destrabar la polémica Subasta Pública 01/2026 terminó estampado contra la pared federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito declaró infundada la queja promovida por la administración de Enrique Galindo Ceballos y confirmó la suspensión que protege áreas verdes y espacios públicos que pretendían ser desincorporados y subastados.
En pocas palabras: la justicia federal le dijo al Ayuntamiento que todavía no puede tocar esos terrenos mientras exista riesgo de daño ambiental. Y no fue cualquier regaño jurídico. El Tribunal aplicó principios como el precautorio y el in dubio pro natura, dejando claro que cuando exista duda sobre afectaciones ecológicas, primero va el medio ambiente y después los negocios disfrazados de “desarrollo urbano”.
La resolución del recurso de queja 263/2026, derivado del juicio de amparo 349/2026, también derrumbó el argumento municipal de que “todo ya estaba consumado”. Para los magistrados, mientras exista posibilidad de afectación a los llamados pulmones verdes de la ciudad, el juicio sigue vivo y bajo protección judicial.
Además, el fallo reconoce que ciudadanos y vecinos sí tienen derecho a defender espacios públicos y áreas ambientales cercanas a sus comunidades, algo que terminó convirtiendo un conflicto vecinal en un golpe político y jurídico para la administración capitalina.
Eso sí, el procedimiento todavía no termina. El juicio de amparo continúa y será en la sentencia de fondo donde se determinará si la subasta impulsada por el Ayuntamiento queda definitivamente sepultada o si todavía intentará revivir jurídicamente en recurso de revisión. Por ahora, la justicia federal ya les puso freno… y bastante visible.
¿Qué pasa mientras tanto?
Gracias a la resolución emitida por el Tribunal Colegiado los terrenos están completamente blindados. El Ayuntamiento no puede escriturar, vender, ni construir absolutamente nada en esos predios mientras se desarrollan todas las etapas que faltan en el proceso. Las cosas se quedan congeladas a favor de la naturaleza hasta que se dicte la sentencia.
