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Tras Bambalinas
Por Juan de la Plaza
En política hay decisiones que se toman por cálculo y otras que exigen oficio. Pocas veces un gobernante acepta que un tema tan delicado requiere abrir la puerta a quienes piensan distinto, escuchar, corregir el rumbo y construir consensos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la derogación de la llamada “Ley Serrano”, una determinación impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que modificó por completo el tablero político.
Lo que parecía destinado a convertirse en una batalla interminable entre gobierno, opositores y una legión de creadores de contenido que insisten en autodenominarse periodistas, terminó dando un giro inesperado. Gallardo decidió quitar el pretexto de la confrontación y regresar la discusión al punto donde debió comenzar: cómo legislar sobre la inteligencia artificial sin poner en riesgo libertades fundamentales.
No es un movimiento menor. En lugar de atrincherarse para defender una norma que ya había colocado a San Luis Potosí bajo los reflectores nacionales, el mandatario optó por desmontar el conflicto y convocar a periodistas, académicos, especialistas, empresarios, universidades y organizaciones de la sociedad civil para construir una nueva legislación.
La jugada dejó a más de uno descolocado.
Durante semanas hubo quienes encontraron en la polémica un rentable escenario político. La narrativa era sencilla: convertir cualquier intento de regulación en un supuesto ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, al desaparecer la ley cuestionada también desapareció el argumento principal de quienes apostaban por mantener vivo el enfrentamiento.
Hoy el debate dejó de ser si una legislación debía permanecer o desaparecer. La discusión verdaderamente importante es otra: ¿cómo enfrentar los riesgos que representa la inteligencia artificial sin afectar derechos constitucionales?
Porque el problema existe. Ahí están los deepfakes, la clonación de voces, la suplantación de identidad mediante imágenes sintéticas, los fraudes digitales, las campañas de desinformación y la manipulación tecnológica que ya forman parte de la realidad cotidiana. Negar esos riesgos sería tan irresponsable como intentar regularlos sin escuchar a quienes conocen el tema.
Y es precisamente ahí donde la decisión política adquiere mayor relevancia. Ningún gobierno posee por sí solo todas las respuestas frente a una tecnología que evoluciona todos los días. Mucho menos quienes, desde el anonimato o la estridencia de las redes sociales, han confundido la libertad de expresión con el insulto permanente o la desinformación deliberada.
Los auténticos periodistas saben que la libertad de prensa nunca ha estado reñida con la responsabilidad. La ética profesional y el derecho a informar no necesitan refugiarse detrás de perfiles falsos, campañas coordinadas o narrativas fabricadas para obtener notoriedad política.
Por eso la convocatoria a universidades, colegios de profesionistas, medios de comunicación, especialistas en tecnologías digitales y organizaciones ciudadanas fortalece la legitimidad de un proceso que ahora deberá producir una legislación moderna, técnicamente sólida y socialmente respaldada.
Paradójicamente, quienes más apostaban por prolongar el conflicto terminaron quedándose sin escenario. La confrontación dejó de ser rentable cuando el gobierno decidió cambiar el tono y abrir la discusión. El ruido cedió espacio al diálogo.
Ahora comienza el verdadero examen: demostrar que San Luis Potosí puede convertirse en referente nacional, no por una ley polémica, sino por construir un marco jurídico capaz de proteger a las personas frente a los abusos de la inteligencia artificial sin sacrificar la libertad de expresión. Ese desafío apenas comienza, y esta vez el debate tendrá que librarse con argumentos, no con estridencias.
