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Staff / El Mañana
Pobladores acusan a la delegada de los Programas para el Bienestar de favoritismo en obras, imposición de comités y presunto uso indebido de recursos públicos.
Una fuerte ola de indignación se desató entre los habitantes del municipio de Axtla de Terrazas, quienes denunciaron públicamente el repentino y ostentoso cambio de vida que muestra la delegada de los Programas para el Bienestar en la Huasteca Sur, Arely García Antonio, mientras las comunidades locales continúan padeciendo serias carencias de infraestructura.
A través de diversos mensajes en plataformas digitales, los vecinos señalaron que Arely García pasó de un entorno modesto a estrenar camioneta del año, usar vestimenta de marcas exclusivas, portar telefonía de alta gama y adquirir una nueva residencia, situaciones que contrastan con la marginación de la zona.
Entre las inconformidades expuestas por los ciudadanos destacan presuntas anomalías en la asignación de presupuestos destinados al mantenimiento de planteles educativos, centros de salud y fondos para pueblos originarios, asegurando que los recursos no se perciben en los ejidos ni en las colonias.
De igual forma, los denunciantes sostienen que la funcionaria manipula la conformación de los comités comunitarios para presuntamente direccionar la asignación de proyectos de construcción a una empresa específica mediante esquemas de subcontratación.
A las acusaciones sobre el manejo de fondos se suman señalamientos contra Arely García por hostigamiento laboral y represalias contra el personal que no coincide con sus decisiones, situaciones que han generado un ambiente de tensión en la operatividad de los módulos de atención social.
Los manifestantes indicaron que la servidora pública actúa bajo el cobijo del delegado estatal Guillermo Morales López y de su propia hermana, la diputada federal Briceyda García Antonio, a quienes responsabilizan de encubrir las faltas y omitir las peticiones de rendición de cuentas que exige la ciudadanía.
Ante esta serie de inconformidades, los habitantes de la Huasteca solicitaron la intervención de las instancias fiscalizadoras para auditar el uso de los recursos públicos y garantizar que la ayuda llegue de forma directa y transparente a quienes realmente la necesitan.
