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Staff / El Mañana
- El Tribunal analiza arrestar a los encargados del plantel tras ignorar el fallo definitivo que los obliga a devolverle el empleo a una profesora.
El conflicto administrativo que envuelve a una escuela de educación básica dio un giro legal drástico que podría terminar con funcionarios tras las rejas.
Los asesores jurídicos de una docente afectada por despido injustificado acudieron a las instancias del Tribunal Laboral para exigir que se obligue a la contraparte a respetar la ley, luego de que vencieran los tiempos legales para su reincorporación a las aulas.
Los reportes del expediente indican que la autoridad judicial dio un límite estricto de 72 horas para que la afectada retomara su plaza escolar.
Al ignorar esta instrucción, las autoridades del plantel y los representantes del comité escolar entraron en un terreno de desacato, lo que faculta a los magistrados a usar la fuerza pública para hacer valer la determinación.
La estrategia de la directiva consistió en interponer un recurso de amparo ante los juzgados federales; sin embargo, los litigantes demostraron que este papel fue ingresado completamente fuera de las fechas permitidas por la normativa.
Además, el amparo carece de validez real al no haberse depositado la fianza económica que se requiere para frenar los efectos de la sentencia original.
A la par de la restitución inmediata en su puesto de trabajo, los acusados arrastran un adeudo equivalente a medio año de sueldos caídos en favor de la empleada.
De confirmarse la procedencia de los recursos de apremio solicitados por la defensa, la policía civil tendría la orden de retener a los señalados en las celdas preventivas hasta que firmen la papelería correspondiente.
