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• El alcalde Enrique Galindo designa a Arturo Jaimes Núñez como encargado del organismo operador del agua, en medio de quejas por desabasto y fallas en el servicio.
Staff / El Mañana
El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aceptó la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo como director de Interapas y, de inmediato, designó como encargado de despacho a Arturo Jaimes Núñez, actual tesorero del ayuntamiento, decisión que ha generado críticas por tratarse de un nombramiento de carácter administrativo en un organismo que enfrenta una crisis operativa.
Hernández Delgadillo, abogado de profesión, concluye una gestión marcada por quejas ciudadanas por cortes frecuentes, baja presión y suministro irregular en diversas colonias de la zona metropolitana. Su salida, aunque presentada como un cambio ordinario, ocurre en un contexto de inconformidad social por la persistencia de fallas en el servicio.
El relevo tampoco ha despejado dudas. Jaimes Núñez, con perfil financiero y sin experiencia técnica en operación hidráulica, asume la conducción de un organismo que requiere conocimiento especializado en infraestructura, redes de distribución, mantenimiento, eficiencia de tuberías y manejo integral del recurso hídrico. Para muchos usuarios, el mensaje es claro: se cambia al administrador… por otro administrador.
Mientras miles de familias continúan enfrentando problemas en el abasto de agua, la conducción de Interapas permanece en manos de perfiles ajenos al ámbito técnico. En lugar de apostar por especialistas en ingeniería hidráulica o gestión de sistemas de agua, la Junta de Gobierno —presidida por el propio alcalde— optó por un movimiento interno dentro de la estructura municipal.
El nombramiento ocurre, además, en un escenario donde se han autorizado incrementos tarifarios y se mantienen prácticas cuestionadas, como la contratación de servicios externos para el suministro mediante pipas, lo que ha generado señalamientos por opacidad y presuntos beneficios a terceros.
Así, el organismo responsable de uno de los servicios públicos más sensibles para la población queda nuevamente bajo una conducción administrativa. Para los usuarios, el problema de fondo persiste: el agua sigue faltando, pero las decisiones continúan fluyendo desde el escritorio.
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