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Staff / El Mañana
La baja de personal operativo en el Ayuntamiento de Tamuín desató tensiones laborales ante sospechas de represalias por el intento de formar una nueva organización de trabajadores.
Un clima de incertidumbre y malestar social se vive en el municipio de Tamuín tras el cese repentino de al menos 22 empleados pertenecientes a diversas áreas operativas del Ayuntamiento. La medida, que afectó directamente a cuadrillas de servicios públicos, alumbrado, pavimentación y mantenimiento urbano, ha generado fuertes señalamientos por parte de los involucrados, quienes sostienen que la decisión responde a una represalia administrativa luego de que el grupo iniciara gestiones para conformar una representación sindical independiente dentro de la corporación municipal.
La controversia escaló a las instancias laborales regionales debido a que varios de los trabajadores removidos de sus cargos acumulaban una antigüedad de hasta una década al servicio de la comunidad. De acuerdo con los testimonios recopilados entre el personal afectado, el conflicto comenzó cuando intentaron sumarse a la agrupación sindical que operaba tradicionalmente en la presidencia municipal; sin embargo, al encontrar evasivas y falta de apertura, optaron por estructurar un nuevo comité de defensa laboral, detonando las notificaciones de despido en los días posteriores.
Aunque una parte de los trabajadores despedidos aceptó esquemas de liquidación o convenios de pago diferidos en parcialidades quincenales, otros denunciaron presuntas presiones y promesas verbales de recontratación para el siguiente ejercicio fiscal. Dirigentes del movimiento advirtieron que dichos ofrecimientos carecen de certeza jurídica, por lo que al menos dos de los afectados decidieron llevar sus casos ante los tribunales de conciliación para exigir el respeto a sus derechos y el pago conforme a la ley.
Paralelamente, la inconformidad ha llevado a revisar la legalidad del sindicato existente en la localidad. Los promoventes de la nueva organización presentaron solicitudes formales de transparencia ante los órganos estatales para esclarecer el estatus legal de la representación vigente, al sospechar de irregularidades en los registros oficiales. Mientras el proceso legal sigue su curso, los servicios urbanos en las colonias de la cabecera municipal enfrentan afectaciones por la falta del personal de campo que realizaba las labores diarias en las calles de la demarcación.
