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Staff / El Mañana
El Congreso estatal analiza una iniciativa urgente para frenar el robo de propiedades y bienes inmuebles con sanciones drásticas.
La creciente ola de invasiones y robos patrimoniales en territorio potosino ha encendido las alertas de los legisladores locales, quienes buscan frenar este delito mediante una reforma profunda al marco penal vigente.
Actualmente, las bandas dedicadas a la usurpación de terrenos y fincas operan con demasiada impunidad, aprovechándose de vacíos legales que dificultan una impartición de justicia expedita para las víctimas afectadas.
Por esta razón, en el Congreso del Estado se puso sobre la mesa una propuesta legislativa contundente que pretende elevar hasta una década tras las rejas la sanción corporal para los infractores.
Los detalles de la iniciativa apuntan a castigar con todo el peso de la ley a quienes utilicen la violencia moral, física o documentos falsificados para apoderarse de viviendas ajenas sin consentimiento alguno.
Especialistas en seguridad interior han señalado que este ilícito suele golpear con mayor crueldad a sectores vulnerables de la población, tales como adultos mayores y personas con propiedades solitarias.
Con este nuevo blindaje jurídico se espera disuadir a los grupos delictivos organizados que operan bajo el modus operandi de la usurpación ilegal, otorgando herramientas reales a las fiscalías investigadoras.
El dictamen continuará su análisis en comisiones legislativas antes de pasar al pleno, donde se definirá si se aprueba de manera definitiva esta modificación drástica al código punitivo estatal.
