🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
Dos hombres fueron arrestados por elementos de seguridad tras negarse a pagar el consumo en un establecimiento y amenazar al personal; les aseguraron un vehículo.
La clásica táctica de intentar disfrutar de los alimentos y bebidas para después retirarse sin pagar la cuenta dejó de ser un simple ardid y se convirtió en un problema legal de proporciones mayores para dos sujetos, quienes terminaron siendo asegurados por agentes policiales tras desatar un conflicto al interior de un negocio comercial.
De acuerdo con la información recabada sobre el caso, los hechos ocurrieron en días pasados en un establecimiento de la zona metropolitana. Los clientes solicitaron diversos productos y, al momento de recibir la cuenta final, optaron por evadir el pago correspondiente. Lejos de llegar a un acuerdo amistoso con los administradores, la situación escaló de tono cuando los individuos comenzaron a lanzar amenazas directas contra el personal del lugar con tal de intimidarlos y evitar cubrir el monto monetario.
Ante el temor de que la situación pasara a mayores y con el firme propósito de frenar este tipo abusos, los encargados del negocio solicitaron el apoyo inmediato de una unidad policial a través de una llamada de auxilio. Los agentes se trasladaron con rapidez al sitio señalado, logrando ubicar a los implicados todavía en las inmediaciones.
Durante la revisión protocolaria y tras escuchar los señalamientos directos de los afectados, quienes manifestaron su deseo proceder legalmente contra los infractores, los uniformados llevaron a cabo el aseguramiento formal de los dos sujetos. Los cargos que se les imputan de manera preliminar incluyen el delito de fraude y amenazas.
Como parte de los protocolos de actuación, en el lugar de los hechos también se procedió al aseguramiento de un automóvil tipo Chevrolet Sonic, modelo 2017, unidad en la que aparentemente viajaban los presuntos infractores. Tras su captura, los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia respectiva para su certificación médica de ley y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir las sanciones a las que se harán acreedores por intentar irse “de a gratis”.
