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Staff / El Mañana
Un litigante prófugo por un millonario fraude en San Miguel de Allende fue capturado por agentes ministeriales en la capital potosina.
La red de protección que mantenía un litigante fuera del alcance de la justicia terminó romperse este día en territorio potosino, luego de un sigiloso operativo desplegado por las agencias de investigación para dar cumplimiento a un mandato judicial emitido en una entidad vecina.
Las indagatorias ministeriales establecieron que el imputado, identificado formalmente como Federico “N”, arrastraba una pesada orden de aprehensión girada por tribunales del estado de Guanajuato, donde era activamente buscado por su presunta vinculación en delitos vinculados con el ejercicio profesional de abogados y patronos.
De acuerdo con la información recabada por las autoridades requirentes, el origen de este proceso penal se remonta a un conflicto legal ventilado en el municipio turístico de San Miguel de Allende, sitio donde el sospechoso habría participado en manejos financieros irregulares.
Los expedientes señalan que el monto total de las transacciones bajo investigación asciende a cifras que superan los 3.2 millones de pesos, capitales que presuntamente fueron cobrados de manera indebida afectando directamente el patrimonio de los denunciantes en aquella demarcación guanajuatense.
Tras intercambiar información de inteligencia entre fiscalías estatales, los agentes de la Policía de Investigación adscritos a San Luis Potosí lograron ubicar la zona de movilidad del presunto defraudador, montando un operativo de vigilancia estricta para asegurar su captura.
La acción táctica culminó con éxito cuando los elementos ministeriales interceptaron al abogado justo en el momento en que se encontraba al interior de unas oficinas ubicadas en la colonia Las Águilas, situada en una zona de alta concurrencia de la capital del estado.
Finalmente, tras leerle sus derechos constitucionales y certificar su estado médico, el detenido fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la frontera estatal para ser entregado formalmente a las autoridades de Guanajuato, quienes lo presentaron de inmediato ante el juez que lo reclama.
