Tras Bambalinas
Por Juan de la Plaza
Lo que Enrique Galindo Ceballos vendió durante meses como una “estrategia financiera innovadora” para rescatar a San Luis Potosí terminó exhibiendo exactamente lo contrario: improvisación, desesperación económica y una administración municipal atrapada entre amparos, litigios y deuda pública.
El plan parecía sencillo en el discurso: rematar 18 terrenos municipales para obtener recursos extraordinarios y evitar contratar deuda. Pero la realidad terminó alcanzando al alcalde capitalino. Hoy, el Ayuntamiento no solo enfrenta una fuerte resistencia social y jurídica por la venta del patrimonio público, sino que además tuvo que recurrir a un crédito por 218 millones de pesos, dejando más dudas que certezas sobre la viabilidad financiera del municipio.
La pregunta es inevitable: si la venta de terrenos era la gran solución, ¿por qué terminar endeudando a la ciudad?
Algo salió mal. Muy mal.
La administración galindista subestimó a los ciudadanos y sobrestimó su capacidad para imponer decisiones desde un Cabildo completamente alineado al alcalde, donde prácticamente nadie le cuestiona nada. Apenas una o dos voces opositoras han intentado señalar los riesgos de desprenderse de bienes municipales, mientras la mayoría de regidores se limita a levantar la mano y aprobar lo que venga desde la oficina principal.
Pero la ciudad reaccionó.
Al menos cuatro predios incluidos en la polémica subasta ya fueron impugnados mediante juicios de amparo promovidos por ciudadanos, colectivos y vecinos que no están dispuestos a quedarse cruzados de brazos mientras el Ayuntamiento remata áreas verdes, espacios comunitarios y terrenos considerados patrimonio público.
El caso del bosque urbano de Puente de Piedra es emblemático. Familias enteras construyeron durante años ese espacio de convivencia y pulmón ecológico, solo para descubrir que el gobierno municipal pretendía venderlo como si fuera cualquier mercancía. La respuesta social fue inmediata y terminó desmintiendo el discurso oficial de que solo “unos cuantos” estaban inconformes o que existía una “mano negra” detrás de las protestas, como acusó Galindo en un intento desesperado por desacreditar el movimiento ciudadano.
La misma fractura social ocurre en El Saucito. El proyecto del paso a desnivel avanza sin consenso vecinal, con cuestionamientos técnicos y advertencias sobre el riesgo que representa para la zona y para el histórico templo del Señor de Burgos. Aun así, el alcalde insiste en empujar una obra que parece más diseñada para una campaña política que para resolver los problemas reales de movilidad.
Porque esa es otra realidad incómoda: Galindo ya está en campaña.
Mientras la capital enfrenta baches, fugas, inseguridad, abandono del Centro Histórico y una crisis de servicios públicos, el alcalde pasa más tiempo recorriendo municipios del interior del estado tratando de posicionarse rumbo al 2027 que atendiendo los problemas de la ciudad que gobierna.
Y el tiempo juega en su contra.
A poco más de un año de concluir su administración, todo apunta a que varias de las obras anunciadas quedarán inconclusas. Técnicamente, el paso a desnivel de El Saucito requiere más tiempo del que le queda al actual gobierno municipal, sobre todo si continúan los litigios y las resistencias sociales.
Galindo corre para construir una candidatura, no una ciudad.
Lo más grave es que el costo político y financiero lo terminarán pagando los potosinos. Porque mientras el alcalde busca proyectarse como aspirante a gobernador, San Luis Potosí capital queda atrapado entre deuda, pleitos legales y proyectos sin consenso.
La narrativa del “gran administrador” empieza a derrumbarse. Y debajo de ella aparece una administración que hipotecó patrimonio público, dividió a la sociedad y terminó endeudando al municipio para intentar sostener una imagen de eficiencia que hace tiempo dejó de coincidir con la realidad.
