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-La instauración de un estado laico establece la independencia entre las instituciones gubernamentales y religiosas.
Staff/ El Mañana
La reciente comunicación institucional sobre la participación del Pablo Emmanuel Jonguitud Guerrero, presidente municipal, en una Santa Misa y una cena posterior en la comunidad de La Sagrada Familia, acompañado por el Roberto Yenny García, plantea un tema relevante en el ejercicio del gobierno local: la necesaria distinción entre la esfera personal del funcionario y las acciones propias de la administración pública.
El boletín difundido presenta dicha asistencia como parte de un “encuentro de cercanía y convivencia” y como una acción que fortalece la unidad y el tejido social del municipio. Sin embargo, al emitirse desde canales oficiales y bajo el discurso de logros institucionales, la actividad adquiere un carácter gubernamental que puede generar interpretaciones contrarias al principio de laicidad que rige al Estado mexicano.
En su calidad de Ejecutivo municipal, el presidente representa a una comunidad plural, integrada por ciudadanos con diversas creencias religiosas y también por quienes no profesan ninguna. Por ello, la promoción institucional de actos vinculados a una confesión específica corre el riesgo de excluir simbólicamente a sectores de la población y de confundir el ámbito de las convicciones personales con las responsabilidades públicas.
El respeto a la libertad religiosa implica garantizar que todas las expresiones de fe puedan ejercerse sin interferencia, pero también que el gobierno mantenga una postura neutral, enfocada en la prestación de servicios, el diseño de políticas públicas y la atención a las necesidades colectivas. La cercanía con la ciudadanía puede y debe construirse desde espacios incluyentes, cívicos y universales.
Más que cuestionar la participación personal del alcalde en actos religiosos, el señalamiento apunta a la forma en que estos se comunican y se presentan como acciones de gobierno. La claridad institucional y el apego a los principios constitucionales fortalecen la confianza ciudadana y garantizan un ejercicio público respetuoso de la diversidad social.
