Por el Vigilante Soledense
Más que delegado de la Conagua, Darío Fernando González Carrillo empieza a comportarse como operador político con credencial federal. Y eso ya dejó de ser percepción para convertirse en evidencia pública.
Desde que Soledad planteó seriamente su salida del Interapas, el funcionario abandonó cualquier apariencia de neutralidad técnica y decidió entrar al debate con más ánimo de obstaculizar que de resolver. El problema es que en ese intento también dejó claro algo preocupante: nunca se quitó realmente la camisa partidista y parece empeñado en cobrar agravios políticos que probablemente solo existen en su cabeza.
Porque una cosa es advertir complejidades jurídicas —que las hay— y otra muy distinta es utilizar el aparato técnico de la Federación para intervenir políticamente en una discusión que corresponde al ámbito municipal y estatal.
Darío no llegó a la Conagua desde una trayectoria especializada en hidráulica. Su pasado inmediato está ligado a la operación política y a la fallida campaña del eterno candidato Juan Carlos Velázquez, “El Famyto”, personaje que ha brincado del PRI al PAN y luego a Morena con la facilidad de quien entiende la política como franquicia personal.
Y por si faltara ironía, el propio Famyto también terminó incrustado dentro de la nómina de la Conagua.
Por eso cuesta trabajo creer que las recientes declaraciones del delegado sean producto exclusivo de preocupación técnica. Más bien parecen una reacción política disfrazada de burocracia.
Mientras cuestiona la separación de Soledad del Interapas bajo el argumento de que se trata de un proceso “complicado”, guarda silencio frente a asuntos mucho más graves, como el desastre de la presa La Maroma, convertida en monumento a la corrupción hidráulica y al desperdicio de recursos públicos.
Ahí no hubo posicionamientos enérgicos ni advertencias dramáticas.
Tampoco apareció con el mismo entusiasmo cuando miles de familias padecieron durante años la incapacidad del Interapas para garantizar agua en colonias de la zona metropolitana. Pero bastó que Juan Manuel Navarro Muñiz impulsara la recuperación del control hidráulico del municipio para que el delegado federal decidiera convertirse en protagonista.
Y ahí está el verdadero fondo del asunto.
La separación de Soledad no solo amenaza un modelo administrativo agotado; también pone en riesgo estructuras de control político construidas durante décadas alrededor del agua. Porque el agua en San Luis nunca fue únicamente un servicio público: también fue poder, presupuesto e influencia.
En contraste, Navarro ha logrado instalar una narrativa que conecta con el hartazgo ciudadano: Soledad quiere recuperar un recurso que históricamente nació y se administró en su territorio antes de ser absorbido por un esquema “metropolitano” que terminó beneficiando más a la burocracia que a la gente.
Mientras tanto, Enrique Galindo Ceballos encuentra en Darío un aliado conveniente para sostener un modelo que políticamente se le desmorona entre crisis de agua, inseguridad y desgaste público.
Y quizá ese sea el mayor error del delegado: olvidar que un funcionario federal debe actuar como árbitro institucional, no como operador político.
Epílogo:
En San Luis Potosí, el agua ya no solo arrastra lodo de las tuberías. También empieza a sacar a flote intereses políticos que durante años navegaron cómodamente bajo la superficie.
