STAFF/ EL MAÑANA
San Luis Potosí, SLP.– Han pasado más de once años desde que el nombre de Eduardo Córdova Bautista, ex sacerdote y figura prominente de la élite social y política potosina, fuera señalado públicamente por abuso sexual en contra de al menos 19 menores de edad.
Hoy, sigue prófugo de la justicia, con ficha roja de Interpol, mientras sus víctimascontinúan esperando que el Estado mexicano haga su parte.
En mayo de 2013, Alberto Athié, ex sacerdote y activista por los derechos de las víctimas de abuso clerical, presentó la denuncia que destapó el caso. Aquel 29 de mayo de 2014, feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción formalizaron una denuncia penal contra Córdova Bautista ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los delitos: abuso sexual calificado, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y, además, encubrimiento por parte de la Arquidiócesis potosina.
* Una historia de impunidad institucional y complicidad eclesiástica
Pese a la gravedad de las acusaciones, el caso fue archivado y congelado durante años por las autoridades estatales. Según el abogado Martín Faz Mora, quien representa a varias de las víctimas, ni Miguel Ángel García Covarrubias, entonces procurador, ni su sucesor Federico Garza Herrera, avanzaron en las investigaciones. Incluso señala que desde 1983 existían reportes sobre la conducta de Córdova, sin que los arzobispos en turno —Arturo Szymanski, Luis Morales y Jesús Carlos Cabrero— hicieran algo para proteger a los menores.
En junio de 2014, bajo presión mediática y social, la Arquidiócesis local pidió perdón públicamente y prometió justicia. Formaron una comisión de atención a víctimas que nunca funcionó. Jamás se reunieron con los afectados, ni compartieron con la Fiscalía documentos clave o los expedientes canónicos. Alegaron haber “enviado todo a Roma” y no conservar copias. Sin embargo, en 2019, una revista católica publicó información extraída de esos mismos archivos.
* El Estado, ausente
En 2020, las víctimas interpusieron un amparo directo contra la Fiscalía de San Luis Potosí por omisiones en el cumplimiento de la orden de aprehensión. El Tercer Juzgado de Distrito ordenó a la dependencia rendir informes periódicos sobre sus esfuerzos para localizar a Córdova Bautista. Hoy, esa orden judicial sigue sin avances visibles.
El actual titular de la Fiscalía no ha demostrado interés especial por resolver el caso, y las víctimas siguen esperando lo que por ley les corresponde: justicia, verdad y reparación.
* Un rostro poderoso, un silencio que pesa
Eduardo Córdova Bautista no era un sacerdote cualquiera. Participaba en consejos consultivos de gobiernos estatales, se codeaba con empresarios y políticos, y tenía un poder que lo blindaba. Por eso, su caso representa no solo un crimen contra la infancia, sino también un ejemplo de impunidad alimentada por la influencia, el encubrimiento religioso y la negligencia del sistema de justicia.
A más de una década, el dolor no se borra. Las víctimas, ahora jóvenes adultos, siguen alzando la voz. Lo único que exigen es lo más básico: que el hombre que les robó la inocencia enfrente a la justicia y que la Iglesia deje de mirar hacia otro lado.
“Nos siguen fallando. Y el silencio institucional sigue siendo un segundo abuso”, expresó uno de los familiares.
* ¿Hasta cuándo?
San Luis Potosí sigue cargando con una herida abierta. Mientras Eduardo Córdova sigue prófugo, la impunidad sigue instalada, dejando claro que ni la Interpol, ni las autoridades mexicanas, ni el peso moral de la verdad han sido suficientes para hacer justicia.
