JMalone
Por Joseph Malone de la Paz.
A Jospeh Malone, al igual que muchos hombres, nos molesta que, hoy que se pregona tanto el lenguaje inclusivo, algunas personas como la diputada morenista Gabriela López Torres hable de “los” deudores alimentarios, como si solo fueran hombres quienes podrían incumplir con esta obligación.
En San Luis Potosí y México con seguridad pudiera haber mujeres deudoras alimentarias, pero parece que a la diputada morenista le reditúa más usar un lenguaje de género inquisitivo y ganar adeptos en la agenda progre.
De acuerdo con una declaración reciente del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Arturo Morales Silva, el padrón estatal de personas deudoras alimentarias de San Luis Potosí registra 40 personas incumplidas y cada juzgado se encarga de definir cuándo algunas personas deben de ser inscritas en el padrón y cuáles que cumplen con su obligación puedan salir del registro, al mismo tiempo de que, en su opinión, el mecanismo ha funcionado.
A nivel federal, se cuenta con el registro nacional de obligaciones alimentarias, que puede emitir, -manteniendo de igual forma su confidencialidad- y para efecto de cualquier trámite, como segundas nupcias, por ejemplo, certificados de no deudor alimentario a petición de parte interesada, con base en la información canalizada a la fecha por los tribunales locales y sin invalidar la que se encuentre contenida en los registros de deudores y deudoras alimentarios de las entidades federativas.
Aquí, la diputada morenista, divorciada por cierto y por ende usuaria de los juzgados civiles y familiares del Estado, pugna porque dicho registro sea público, pero por no por que se llame por lo que realmente es: Registro de Personas Deudoras Alimentarias, no de “deudores”, en masculino, con negritas, subrayado y condenatorio.
Si a las mujeres y hombres reclusos en los centros penitenciarios se les llama “Personas Privadas de la Libertad” ¿Por qué la diputada y puñados de “colectivas” se refieren como “Registro de Deudores Alimentarios”?
Como si no fuera suficiente ya el trauma de la separación para la o el menor, ahora se pretende que el padre –o la madre- quede(n) exhibido(s), como en los ya famosos “tendederos” públicos –haciendo público el registro local- cuando en términos estrictos la ley le(s) asiste a mantener su privacidad y datos personales, tal como ocurre en el buró de crédito, un juicio o proceso jurídico o una presunta inocencia de cualquier tipo.
Un jurisconsulto y litigante afamado a nivel local -Jorge Chessal Palau- ya se había opuesto a la violación de la confidencialidad en el manejo de datos del padrón –sean hombre o mujeres-, y planteado la importancia del derecho de audiencia, la medida cautelar y no punitiva, sumaria o de facto, pues se rompería la igualdad procesal.
Es evidente que la diputada Gabriela López necesita una mayor asesoría. Que recuerde que los hombres también votan…
